Un caso ejemplar de justicia internacional

¿Es posible que los dictadores rindan cuentas ante la justicia cuando dejan el poder? Hasta hace tres décadas parecía imposible. Eran derrocados y huían o morían (plácida o violentamente), pero rara vez eran sometidos a procesos legales porque escapaban gracias a operaciones políticas y legislaciones nacionales limitadas. Por otra parte, la aplicación de normas de justicia universal parecía más destinada a grandes casos, como el juicio de Núremberg contra altos cargos nazis, que para procesar a dictadores individuales.

“El principio de la jurisdicción universal, según Naciones Unidas, confiere competencia a un Estado para juzgar y sancionar al autor de un delito, cualquiera que sea el lugar en que se cometió y cualquiera que sea la nacionalidad de su autor o víctima”. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial se desarrollaron tres mecanismos en este campo: tribunales especiales o ad hoc internacionales para casos concretos (por ejemplo, la antigua Yugoslavia en 1993 y Ruanda en 1994); tribunales nacionales que deciden aplicar la jurisdicción universal (como la causa iniciada desde España contra el dictador chileno Augusto Pinochet en 1998); y el establecimiento de la Corte Penal Internacional (1998), que comenzó a funcionar en 2003.

En el caso de Pinochet, una vez que la justicia española lo requirió, permaneció 503 días esperando en Londres, donde había ido para un tratamiento médico, a ser o no entregado a España para ser juzgado. Su caso fue decisivo: el Comité Judicial de la Cámara de los Lores indicó que según la Convención contra la Tortura debía ser “juzgado o extraditado”. Aunque al final el gobierno de Tony Blair le permitió volver a Chile, se convirtió en una llamada de atención para activistas, y una serie de abogados y jueces que vieron la posibilidad de entablar causas contra dictadores. Uno de ellos fue Reed Brody entonces miembro de la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW).

To Catch a Dictator es el detallado, a la vez que ágil, relato jurídico y político, que hace Brody de los 16 años que transcurrieron entre la decisión de tratar de procesar a Hissène Habré, dictador de Chad entre 1982 y 1990. Eso supuso organizar a las víctimas y testigos, recoger las pruebas, preparar la causa, negociar con gobiernos y sistemas administrativos en África, Bélgica, Francia, la Unión Europea, Estados Unidos, con la Unidad Africana, la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional, relacionarse con la prensa internacional, y conseguir fondos.

Un largo camino

Chad fue una colonia francesa entre 1900 y 1960. Habré fue un joven brillante al que la administración francesa permitió estudiar en Paris. Como otros futuros líderes africanos, conoció las ideas marxistas y anticoloniales, volvió a su país y formó un grupo de guerrilla contra el gobierno controlado por Francia. A partir de entonces ganó posiciones utilizando métodos crecientemente brutales. Pero fundamentalmente la geopolítica le benefició.

En 1980 Ronald Reagan asumió la presidencia de Estados Unidos. Su gobierno identificó a una serie de enemigos, entre ellos el presidente de Libia, Muammar Gaddafi, quien, a su vez, apoyaba a Goukouni Oueddei, presidente de Chad. Brody explica la forma en que Habré (que había llegado a ministro de Defensa de Chad) tomó el poder en 1982 y estableció, con el apoyo de Washington y la complicidad de París, una férrea dictadura. Al tiempo que practicaba una retórica antiimperialista enfrentó a diversos grupos de identidad del país, estableció prisiones secretas, y anuló al poder judicial. El depuesto presidente Oueddei creó un gobierno alternativo apoyado por Libia, pero fue derrotado por una coalición de mercenarios apoyados con armas y entrenamiento por Estados Unidos, Israel, el ex Zaire (hoy República Democrática de Congo), Egipto y Sudán. Durante la dictadura de Habré se estima que 40.000 personas fueron asesinadas y muchos miles torturada.

Habré fue derrocado en 1990 y estableció su exilio dorado con sus esposas y su séquito en Senegal, un país que había firmado la Convención contra la Tortura. Para presentar la primera demanda contra Habré, Brody y su equipo usaron en el año 2000 este instrumento de Naciones Unidas y los testimonios recogidos por la Comisión de la Verdad que se había establecido en Chad en 1992.

El proceso en Senegal se extendió durante cinco años sin llegar a un veredicto. En 2005 la justicia belga pidió la extradición de Habré para también juzgarlo en base a la justicia universal. Senegal no accedió, pero le detuvo. Al año siguiente la Unión Africana decidió ocuparse del caso. En 2013 el exdictador fue juzgado por un tribunal especial autorizado por esta organización regional, y condenado en 2016 por tortura, crímenes de guerra y contra la humanidad. Declarándose inocente hasta el final, falleció en 2021 debido al Covid19.

La dignidad

Brody fue la persona clave en organizar la compleja operación jurídica, política y mediática para llevar a Habré a juicio. Pese a este alto protagonismo, en las conclusiones el autor subraya tres cuestiones. Primera, es importante contar con nombres y datos sobre las personas sometidas a represión, o asesinatos. Las experiencias en Chile, Chad y otros países, y de diversos investigadores de derechos humanos, indican que los nombres y circunstancias “agitan la imaginación” y vuelven las causas judiciales más concretas.

Segundo, en toda la operación las víctimas deben ser los actores centrales: “Los supervivientes y las víctimas, con sus organizaciones y abogados, son quienes deben guiar a los fiscales, en vez de dejar que estos les guíen a ellos”. Tercero, la violencia sexual debe ser abordada desde el principio del proceso. Brody explica que se tardó mucho en incorporar este tema en la causa (y por ello esos cargos fueron desechados en la sentencia final), pero que durante el juicio a Habré los testimonios de las mujeres violadas, desafiando el estigma cultural en su propio país, tuvieron un impacto decisivo. En el reciente libro La llamada, de Leila Guerreiro (Anagrama, Barcelona, 2024), una víctima de violencia sexual de la dictadura argentina (1976-1982) presenta un argumento similar sobre la tardanza en juzgar a perpetradores de este tipo de crimen.

El libro cuestiona, en la práctica, el concepto de “víctimas” debido a que el proceso mismo de que “se haga justicia” les despojó de un papel pasivo para pasar a convertirse en activistas, acusadores y expertos legales en búsqueda de su dignidad. De hecho, los primeros pasos que Brody y su equipo dan para organizar la causa se basan en los 792 testimonios que el chadiano, y superviviente a la cárcel, Souleymane Guengueng había recogido y preservado.

To Catch a Dictator se puede leer como un manual sobre cómo usar normas internacionales contra dictadores. El autor, sin embargo, explica que muchas cosas han cambiado en dos décadas, y no todas positivas. En España y otros países se han modificado las legislaciones y ahora es mucho más difícil que un juez pueda iniciar una causa basándose en la justicia universal. La Corte Penal Internacional muestra un escaso éxito desde su creación, y el renacimiento de una nueva Guerra Fría limita las capacidades de cooperación en Derechos Humanos tanto dentro como fuera de la ONU. Pero pese a todos estos inconvenientes, la justicia internacional es parte del proceso de tensión permanente entre intereses políticos y económicos, por una parte, y los jurídicos y morales, por otro. Este libro provee argumentos y experiencias en favor de estos últimos.