Encerrados en un círculo de violencia, el Estado turco y el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), así como de su ala más joven, el Movimiento Patriótico Juvenil Revolucionario (YDG-H), han convertido las áreas urbanas del sureste de Turquía en un campo de batalla, desmantelando los logros de las conversaciones de paz emprendidas durante el alto al fuego de dos años y medio que se derrumbó en junio de 2015.

El sureste de Turquía es ahora escenario de continuos enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad turcas y militantes kurdos. De acuerdo con el informe de la Fundación de Derechos Humanos de Turquía (TIHV), 32 niños, 29 mujeres y 24 ancianos se encuentran entre los 162 civiles muertos en los enfrentamientos desde agosto de 2015. A mediados de diciembre, estos se intensificaron después de un despliegue masivo de policías y militares. Varias provincias viven desde hace semanas en estado de sitio.

Recep Tayyip Erdogan ha demostrado temer más el fortalecimiento de los kurdos que la amenaza de Daesh en su propio suelo. Solo un día después de los comicios de noviembre, se declararon nuevos toques de queda y se intensificaron los bombardeos de bastiones kurdos. Pero tras el último atentado del 12 de enero en el turístico barrio de Sultanahmet, Turquía se enfrenta a una crisis de seguridad en la que tiene que decidir si va a ahondar su estrategia contra el PKK o si debe revisar sus prioridades. Sea cual sea el curso que elija, la solución a la cuestión kurda requerirá abordar derechos de los kurdos.

El conflicto entre el PKK y el Estado turco comenzó en 1984 y desde entonces más de 40.000 personas han perdido la vida. Las esperanzas de algunos sectores de la sociedad kurda que posibilitaron los acuerdos de Dolmabache del 28 de febrero –donde se  recogía un cambio constitucional, mayores derechos a la población kurda y una progresiva descentralización del país– se han evaporado. En 2015, Erdogan eliminó la inmunidad de los políticos kurdos que tienen vínculos con el denominado “grupo terrorista”, haciéndolos vulnerables a la persecución, a la vez que ha iniciado una polémica estrategia de presionar a los civiles kurdos en el sureste.

Las protestas que tienen lugar todos los días fuera de la zonas de toque de queda son dispersadas de forma rutinaria por la policía con cañones de agua y gas lacrimógeno, y los manifestantes son detenidos y encarcelados en esta denominada “operación de limpieza”

Tras el recrudecimiento de las medidas de seguridad por parte del nuevo gobierno, los anatolios ya hablan de una guerra civil o de una vuelta a los oscuros años noventa. Se ha gestado una mutación de la insurgencia, desde estrategia de montaña del PKK a otra urbana liderada por el YDG-H, una organización fundada hace apenas dos años por simpatizantes jóvenes del PKK.

Más de 10.000 soldados, policías y fuerzas especiales del Estado turco han sido enviados al sureste para establecer el estado de sitio. Las protestas y vigilias que tienen lugar todos los días fuera de la zonas de toque de queda son dispersadas de forma rutinaria por la policía con cañones de agua y gas lacrimógeno, y los manifestantes son detenidos y encarcelados en esta denominada “operación de limpieza”. Las medidas militares y el modus operandi de las fueras de seguridad se concretan en detenciones masivas, redadas, nubes de gases lacrimógenos, sin olvidar los tanques, helicópteros y los aviones de caza que disparan a los manifestantes. Estos jóvenes que luchan contra el Estado turco han nacido en la década de los noventa y la mayoría de ellos están dispuestos a todo para lograr autonomías democráticas en las diferentes partes donde existe el pueblo kurdo.

En general, hay poca información sobre la magnitud de la operación militar en la región kurda del sur de Turquía, más allá de las declaraciones oficiales del gobierno turco. Las autoridades afirman que los toques de queda son requeridos a fin de “capturar a miembros de la organización separatista terrorista y para proteger la seguridad de personas y bienes”. La situación se presenta en los medios en clave de  enfrentamiento entre la guerrilla del PKK y las fuerzas de seguridad turcas, y a la vez los atentados perpetrados por el PKK parecen justificar las medidas de seguridad del gobierno turco.

Los civiles están pagando las consecuencias del incremento de la violencia. Es importante conocer la base jurídica de los toques de queda que afectan a los ciudadanos turcos y limitan sus derechos. Los toques de queda militar a largo plazo constituyen una violación de la Convención Europea de Derechos Humanos, ha recordado un exmiembro del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y diputado del Partido Republicano del Pueblo (CHP), Riza Türmen. Según este experto, declarar la ley marcial o el estado de emergencia es necesario para hacer cumplir el toque de queda a largo plazo, pero esto no se ha hecho en Turquía.

Restaurar el orden público puede servir como una razón legítima para restringir el movimiento ciudadano. Sin embargo, si estas medidas se prolongan durante un tiempo indefinido, el gobierno turco estaría cometiendo violaciones de los derechos humanos. Como dice Amnistía Internacional en un informe, “el toque de queda de 24 horas es una restricción desproporcionada que ahora ha entrado en su cuarta semana en varios lugares, y ha dado lugar a violaciones de los derechos de los kurdos”.

Casi un año más tarde, Turquía se ha convertido en un país de ataques suicidas, asesinatos y masacres. El toque de queda “permanente” en algunos distritos del sudeste, así como las presuntas violaciones de derechos humanos por parte de funcionarios de seguridad deben ser investigados lo antes posible, pues la cifra de muertes se espera que aumente, dado el número de soldados movilizados, la duración del estado de sitio alrededor de pueblos y barrios, los ataques de las fuerzas armadas, así como el corte de suministros y el frío invierno.