El dilema de España en el Sáhara

En su intervención ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados de España, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, anunció su determinación de pasar “de las palabras a los hechos” para poner fin a los 46 años de conflicto entre el pueblo saharaui –representado por el Frente Polisario– y Marruecos por el Sáhara Occidental. Al respaldar el plan de autonomía de Marruecos para el territorio, el gobierno español argumenta que está ayudando a dar un importante impulso a los esfuerzos de mediación de Naciones Unidas dirigidos por Staffan de Mistura. En realidad, los movimientos de Madrid lo que harán es pasar a formar parte de los retos del enviado de la ONU, alejando las perspectivas de paz.

Albares afirma que la decisión de España no representa en realidad un cambio de política hacia el conflicto, apartándose de las posiciones de gobiernos anteriores. Tampoco difiere, según sus palabras, de las posiciones de otros Estados europeos como Francia y Alemania. En este sentido, solo tiene razón a medias.

Al igual que sus colegas de otras capitales europeas, los funcionarios españoles han tratado con regularidad la propuesta de autonomía de Rabat –que otorgaría al Sáhara algunas competencias transferidas bajo soberanía marroquí– como el principal punto de referencia internacional. París lleva tiempo describiendo el plan como “una base seria y creíble para las discusiones”. En un esfuerzo por reparar sus propios lazos tensos con Rabat, Berlín también se orientó en esta dirección el pasado diciembre, calificándolo de “importante contribución”. Pero al promocionar el plan de Marruecos como la base “más seria, creíble y realista” para resolver el conflicto, Madrid ha ido en realidad más allá que otras capitales, convirtiéndose en el más firme defensor de las posiciones marroquíes en Europa.

En un mundo de diplomacia internacional en el que cada palabra cuenta, este superlativo adicional tiene una gran importancia en el contexto de las conversaciones de paz dirigidas por la ONU durante las últimas décadas. Desde que la presentó en 2007, Rabat ha presionado mucho para que su iniciativa de autonomía se convierta en el único punto de referencia para las negociaciones, dejando de lado los sucesivos planes presentados por los enviados de la ONU desde 1991, así como una contraoferta de 2007 del proindependentista Frente Polisario. Aunque Washington y París se mostraron relativamente rápidos en apoyar el plan marroquí, ha sido necesaria una campaña de presión concertada para que Berlín y Madrid desplacen sus posiciones.

«Los funcionarios marroquíes han sido francos en cuanto al uso de la migración para presionar a España para que adopte las posiciones de Rabat»

Los funcionarios marroquíes han sido francos en cuanto al uso de la migración para presionar a España para que adopte las posiciones de Rabat. Han sido igualmente francos en cuanto a que una condición previa para normalizar las relaciones con Madrid –que se vieron interrumpidas cuando España acogió al líder del Polisario, Brahim Gali, para que recibiera tratamiento médico– era que replicasen en el respaldo de Alemania. Sin embargo, es poco probable que Marruecos se detenga aquí, dado que su objetivo principal sigue siendo conseguir el reconocimiento europeo de sus reclamaciones de soberanía sobre el Sáhara Occidental, como hizo Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump.

Al defender su decisión, el gobierno español ha argumentado que su apoyo a la autonomía del Sáhara Occidental complementa los esfuerzos liderados por la ONU para avanzar en una “solución mutuamente acordada en el marco de las Naciones Unidas” que pueda permitir la autodeterminación saharaui. En la práctica, sin embargo, se trata de un círculo que no puede cuadrarse, y España, en cambio, ha ampliado la brecha entre las dos partes.

El Polisario –en su calidad de representante internacionalmente reconocido del pueblo del Sáhara Occidental– ha rechazado una y otra vez la opción de la autonomía bajo control marroquí. En su lugar, exige la independencia absoluta. Albares pasó por alto este hecho en sus intercambios con los diputados y no ofreció ninguna idea sobre cómo se podría convencer al Polisario de lo contrario. También ignoró una de las razones clave del fracaso de las negociaciones anteriores, que es la continua obstrucción de Marruecos a los esfuerzos de la ONU para organizar un referéndum que permita a los saharauis decidir su propio futuro. Albares parece preferir dejar estas dos cuestiones a De Mistura para que las resuelva, una tarea ardua incluso para un diplomático tan veterano, que ahora también estará en una posición más débil en las conversaciones con Rabat.

«La postura española deja a De Mistura en una posición más débil en las conversaciones con Rabat»

Al respaldar con tanta firmeza las posiciones marroquíes, España sin duda ha endurecido aún más las posiciones negociadoras de Rabat. Con la casi certeza de que el mundo se está alineando detrás de sus demandas, el gobierno marroquí parece tener pocas razones para hacer concesiones al Polisario en lo que respecta a las modalidades del referéndum o a la sustancia de un futuro plan de estatus final. En efecto, Madrid ha recompensado la oferta de Rabat del “tómalo o déjalo”: o el Polisario acepta sus condiciones –lo que representaría una victoria marroquí absoluta– o no obtiene nada, excepto más exilio en los campos de refugiados de Tinduf. La decisión del Polisario de volver a la guerra el año pasado indica que, lejos de rendirse, ahora ve la escalada militar como el único medio de fortalecer su posición negociadora.

En este contexto, la medida de España hará retroceder los esfuerzos para restablecer un horizonte político que pueda desescalar la violencia en el Sáhara Occidental y conducir a la reanudación de las conversaciones, suspendidas desde 2019. Al centrarse en el plan de autonomía de Marruecos como base para una futura solución, Madrid también está vendiendo una falsa ilusión. Además de ser un fracaso para el Polisario, un acuerdo de este tipo correría el riesgo de aumentar los niveles de violencia, sobre todo en ausencia de salvaguardias sólidas para garantizar el respeto de los derechos y el autogobierno saharauis. Esto se produce a expensas de esfuerzos más serios para desarrollar una “tercera vía” realista entre la independencia absoluta y la integración en Marruecos, explorando, por ejemplo, el concepto de libre asociación.

En realidad, la decisión de España estuvo motivada por su deseo de restablecer los lazos con Marruecos, no por el avance de la paz en el Sáhara Occidental. En este sentido, ha cambiado una cosa por la otra. Sin embargo, estos dos objetivos no tienen por qué ser mutuamente excluyentes. En lugar de sucumbir a las presiones marroquíes, España podría aprovechar mejor los beneficios financieros y económicos muy reales que ella y sus socios de la Unión Europea ofrecen a Marruecos en un momento en que la economía marroquí pasa por dificultades, en un contexto de aumento del coste de la vida.

Una posición más robusta y segura de sí misma frente a Marruecos pondría a España en una mejor posición para defender sus intereses fundamentales –a saber, el control de la migración y la salvaguarda de sus ciudades norteafricanas de Ceuta y Melilla–, a la vez que ayudaría a abrir algún espacio para avanzar en un proceso de paz creíble. Esta sería la mejor manera de apoyar el trabajo de De Mistura. Un punto de partida sería dejar de luchar junto a Marruecos en el Tribunal de Justicia de la UE para mantener el Sáhara Occidental dentro de los acuerdos comerciales y pesqueros de la Unión con Marruecos, lo que contraviene el Derecho Internacional y las posiciones legales de la UE. En última instancia, igualar la política de poder de Marruecos beneficiaría tanto a los españoles como a los saharauis, al tiempo que crearía la base para una relación más equilibrada y sostenible con Rabat.