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Manifestación en apoyo a Cuba organizada en Amsterdam, el 17 de julio de 2021. ROMY ARROYO FERNÁNDEZ. GETTY

¿Puede la UE adaptarse a la nueva ola de activismo democrático en Cuba?

Europa debería aprovechar al máximo su influencia económica en Cuba para diseñar una política más equilibrada que combine el compromiso con el régimen con el acercamiento a la nueva generación de activistas en pos del cambio.
Susanne Gratius
 |  11 de noviembre de 2021

Cuba vuelve a estar en la agenda de la Unión Europea tras las protestas a gran escala que tuvieron lugar en julio de 2021 y mientras los activistas planean nuevas manifestaciones para noviembre. Después de las manifestaciones del verano ha habido una fuerte presión desde el Parlamento Europeo para que la UE imponga sanciones a los funcionarios del gobierno cubano que las reprimieron y suspenda el principal acuerdo que rige la relación entre Cuba y la UE. En paralelo, la propia UE y los gobiernos de muchos de los Estados miembros han criticado la dura respuesta del régimen cubano a las protestas.

Ahora los líderes nacionales y de la UE deben decidir un plan de acción más concreto. Deben diseñar una política más equilibrada para Cuba que combine el compromiso presente con el régimen con el acercamiento a la nueva generación de activistas que participan en las protestas.

 

Presencia fuerte, influencia débil

Mientras que el embargo de Estados Unidos sigue limitando la influencia diplomática de la superpotencia en Cuba, la fuerte presencia económica europea en la isla deja a los líderes del continente bien posicionados para ejercer presión. Sin embargo, hasta ahora estos no han utilizado el comercio, la inversión y la cooperación al desarrollo con Cuba como herramientas de apoyo a la democracia. La UE tampoco ha reconocido la influencia y las demandas de una emergente ola de activismo digital en Cuba, ni ha convencido al régimen de que reconozca las voces críticas de la sociedad civil.

Una posición más equilibrada entre el compromiso con el régimen y el acercamiento a la sociedad civil requeriría que la UE reajustara el actual Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación UE-Cuba (PDCA, por sus siglas en inglés), el documento político que establece los parámetros de la relación entre ambos actores. En concreto, el reajuste supondría sentar a la mesa del diálogo sobre derechos humanos a los actores no gubernamentales mencionados en los términos del acuerdo, algo que no ocurre actualmente.

 

«La UE ha pasado por alto el surgimiento de una oposición nueva, joven y mayoritariamente digital en Cuba»

 

La política de la UE hacia Cuba ha evolucionado a lo largo de los años. Desde 1996 hasta 2016, la UE celebró debates periódicos sobre la situación de los derechos humanos en el país en el marco de la Posición Común sobre Cuba, que condicionaba un acuerdo de cooperación a avances concretos hacia una transición democrática. Durante dicho periodo, la democracia y los derechos humanos ocuparon un lugar destacado en la política de la UE hacia la isla, y los activistas de derechos humanos y los miembros de la sociedad civil tuvieron más peso en la política de Bruselas. En 2016, la UE sustituyó la Posición Común sobre Cuba por la PDCA, que busca promover la democracia y los derechos humanos mediante un compromiso constructivo con el régimen.

Desde 2016, la UE ha profundizado su compromiso con el régimen cubano incluso cuando los líderes cubanos se han vuelto más débiles y autoritarios. Si bien los europeos tienen razón al mantener canales de diálogo abiertos, comprometerse con el gobierno cubano y condenar el embargo de EEUU, se han equivocado al no prestar suficiente atención a las formas de sociedad civil que han surgido en el país, que cambian con rapidez y son más vibrantes. La UE ha pasado por alto el surgimiento de una oposición nueva, joven y mayoritariamente digital, que contribuyó a alentar las protestas de julio. Para muchas voces críticas en Cuba y en Europa, la decisión de la UE de privilegiar el compromiso con el régimen sobre el apoyo a la sociedad civil daña la imagen de la UE como potencia normativa. Su política sobre Cuba también está en desacuerdo con su postura sobre Venezuela, donde los europeos se han comprometido con la oposición y han sancionado a funcionarios del gobierno. La UE debería seguir criticando la política de coerción de EEUU hacia Cuba, pero los líderes de la UE tienen que mejorar la lectura de las tendencias sociales en Cuba y utilizar su influencia de forma más astuta para construir puentes que apoyen los nuevos tipos de acción cívica que se extienden por el país.

 

Oportunidades perdidas

Las protestas espontáneas de julio cogieron a la UE por sorpresa, en medio del descanso estival. En los últimos años, Europa se ha negado a apoyar a los nuevos movimientos cívicos –menos organizados formalmente, pero posiblemente más poderosos– que han arraigado contra el régimen autoritario. Como resultado, la UE ha perdido la oportunidad de utilizar sus fuertes vínculos con Cuba para lo que podría haber sido un momento de cambio.

La UE parece atrapada en el marco del PDCA. En el artículo 19 del acuerdo, que enumera los “actores de la cooperación”, el gobierno cubano aparece en primer lugar y la sociedad civil en último. En cierto sentido, el pueblo cubano –incluyendo a los disidentes y a la oposición joven y digital– es víctima del cambio de la UE, que ha pasado de un enfoque condicional bajo la Posición Común a un enfoque basado en el compromiso bajo el PDCA. En cualquier caso, ninguna de las dos estrategias ha funcionado: la primera parecía demasiado conflictiva como para ganar tracción, mientras que la segunda prácticamente ignora las voces de la sociedad civil y el descontento generalizado en la isla.

 

«La política europea hacia Cuba ha legitimado de manera inadvertida el doble liderazgo poscastrista del país, el Díaz-Canel y Marrero Cruz, justo cuando ambos perdían legitimidad y apoyo entre los cubanos de a pie»

 

Es evidente que la UE ha juzgado mal la situación en Cuba con su arriesgada apuesta por abrazar al régimen para intentar fomentar la estabilidad y las reformas. En el proceso, los líderes de la UE han acabado sacrificando la democracia y los derechos humanos para impulsar la cooperación al desarrollo y las reformas económicas controladas por el régimen. Este enfoque ha legitimado de manera inadvertida el doble liderazgo poscastrista del país, el del presidente, Miguel Díaz-Canel, y el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, justo cuando ambos líderes perdían legitimidad y apoyo entre los cubanos de a pie. La pandemia del coronavirus ha profundizado la crisis multidimensional que afronta Cuba y las dificultades económicas y sociales que padecen los ciudadanos. Mientras tanto, el régimen se ha vuelto más autoritario en ausencia del carisma de Fidel Castro, que le había dado cierto grado de legitimidad. Por un lado, la UE ha subestimado la magnitud del descontento popular y la nueva falta de temor del pueblo cubano hacia el régimen. Por otro, ha sobrestimado la capacidad del régimen poscastrista para estabilizar el país y ha ignorado su vena represiva y su falta de legitimidad.

La UE no ha visto las formas digitales cada vez más dinámicas y creativas de la sociedad civil cubana como una oportunidad para el cambio democrático. Estos nuevos tipos de jóvenes manifestantes –incluidos artistas, blogueros e influencers– amenazan a un régimen que solo puede contrarrestar sus llamamientos al cambio mediante la violencia y la intimidación. Entre estas figuras se encuentra la youtuber Dina Stars, detenida durante una entrevista en directo, y músicos como Yotuel, que convirtieron un antiguo eslogan del régimen en un grito de protesta (“patria y vida”); al mismo tiempo, medios de comunicación alternativos como El Estornudo y 14ymedio han ganado en influencia.

La fea cara del autoritarismo poscastrista y unipartidista en Cuba ya era evidente antes de las protestas de julio. Los disidentes se enfrentan a la perspectiva casi constante de ser arrestados, y las formas alternativas de pensar son reprimidas, como demuestra la represión estatal del movimiento cultural de San Isidro contra las restricciones y la censura del gobierno a los artistas. Tres decretos emitidos por el gobierno han restringido aún más la libertad de expresión y han reforzado el control del régimen sobre Internet.

 

Enfoques mixtos

En lo que respecta a Cuba, la UE está dividida entre los partidarios del compromiso, que tienden a apoyar el estrechamiento de lazos con el régimen, y quienes desean más condicionalidad, es decir, que los europeos hagan más para apoyar a la oposición. La UE tardó muchos días en decidir lo que finalmente fue una tibia reacción a las manifestaciones de julio. En su declaración, el alto representante, Josep Borrell, afirmó que “abordar las quejas del pueblo cubano requiere reformas económicas internas”, pero sus críticas a la dura represión del gobierno fueron comedidas si tenemos en cuenta que un manifestante murió y más de 100 personas fueron detenidas. Del mismo modo, el Consejo de la UE adoptó una posición diluida que reflejaba las diferencias entre las políticas de los miembros de la UE, dejando sin condena oficial los tres decretos altamente restrictivos aprobados por el gobierno. Ni el Consejo de la UE ni Borrell criticaron directamente la medida del régimen de cerrar Internet.

El Parlamento Europeo ha sido, con mucho, el defensor europeo más activo del pluralismo político y los derechos humanos en Cuba. En una resolución del 10 de junio, antes incluso de que se produjeran las protestas, denunció “la falta de compromiso y voluntad del régimen cubano de esforzarse por avanzar hacia un progreso, aunque sea mínimo, hacia el cambio”, y mencionó “el derecho del pueblo cubano a exigir la democratización de su país”. En reacción a las protestas, un comunicado de prensa del 14 de julio condenó “la represión de las protestas pacíficas” por parte de “la dictadura cubana”. El Parlamento Europeo también se comprometió con los disidentes cubanos y los activistas de derechos humanos a través de foros como la reunión del 6 de septiembre de la subcomisión de Derechos Humanos del organismo supranacional.

En una resolución del 16 de septiembre, el Parlamento Europeo condenó “la extrema violencia y represión contra manifestantes, defensores de los derechos humanos, periodistas independientes, artistas, disidentes y líderes políticos de la oposición”. También exigió la inclusión de las organizaciones de la sociedad civil en el diálogo UE-Cuba sobre derechos humanos y recomendó que se activara la cláusula de derechos humanos del PDCA y se sancionara a los responsables de las violaciones de derechos humanos

Si sigue estas recomendaciones, el Consejo de la UE podría, por primera vez, imponer sanciones a funcionarios cubanos en virtud de su nuevo régimen de sanciones en materia de derechos humanos, aprobado en diciembre de 2020. Esto es algo que ya han hecho otros países, incluido EEUU. En agosto, Washington impuso sanciones a tres funcionarios del ministerio del Interior y del ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba en virtud de la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad por los Derechos Humanos.

 

«Si siguiese las recomendaciones del Parlamento Europeo, el Consejo podría por primera vez imponer sanciones a funcionarios cubanos en virtud del nuevo régimen de sanciones en materia de derechos humanos, aprobado en diciembre de 2020»

 

Sin embargo, parece poco probable un acuerdo europeo sobre sanciones u otras medidas restrictivas. Durante décadas, la UE se ha opuesto al contraproducente embargo estadounidense. La fuerte preferencia de España por mantener el diálogo con el régimen influye en los debates de la UE. En una declaración del 13 de julio, el ministerio de Asuntos Exteriores español sugirió que la pandemia y la recesión económica resultante eran las principales causas de las protestas. Mientras España pedía al gobierno cubano que respetara los derechos fundamentales de los manifestantes, Madrid ofrecía al régimen ayuda adicional al desarrollo para hacer frente a la pandemia. Los esfuerzos del presidente español, Pedro Sánchez, por evitar calificar al gobierno de La Habana de dictadura o régimen autoritario generaron un acalorado debate en España.

Los otros grandes actores de la UE no comentaron oficialmente las protestas en Cuba. La única reacción de Alemania fue un tuit el 14 de julio del ministro de Asuntos Exteriores, Heiko Maas, que “condenó la violencia contra los manifestantes en Cuba” y pidió al gobierno cubano que buscara el diálogo y liberara a los presos. A pesar de tener los vínculos más fuertes con funcionarios del gobierno cubano de todos los países europeos –además de España–, Francia e Italia no ofrecieron ninguna reacción formal.

En cambio, Austria, Croacia, Chipre, República Checa, Estonia, Grecia y Polonia han adoptado posiciones más cercanas a las del Parlamento Europeo. En julio, estos países se unieron a varios países no pertenecientes a la UE –entre ellos Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Israel, Corea del Sur, Ucrania y EEUU– para emitir una declaración en la que se “condenan los arrestos y detenciones masivas de manifestantes en Cuba”, se “insta al gobierno cubano a escuchar las voces y demandas del pueblo cubano” y se ofrece “apoyo al pueblo cubano y a todos aquellos que defienden las libertades básicas que toda persona merece”.

El puesto de jefe de la delegación de la UE en Cuba también se convirtió en objeto de la lucha de poder interna de los europeos sobre la política hacia la isla. Apenas unos días después de las protestas, el Servicio Europeo de Acción Exterior nombró a la exfuncionaria portuguesa Isabel Brilhante Pedrosa para el puesto, sucediendo al exfuncionario español Alberto Navarro, cuyo apoyo a una carta contra el embargo de EEUU a principios de 2021 provocó críticas en el Parlamento Europeo y provocó su salida prematura.

 

Prioridad a la participación de la sociedad civil

Debido en parte a la amplia gama de reacciones europeas a las protestas cubanas, la UE no ha utilizado el PDCA y sus canales de diálogo para aumentar la presión sobre el gobierno cubano, exigir la liberación de los manifestantes arrestados e impulsar reformas democráticas. Los vínculos a través del comercio, la inversión, la cooperación al desarrollo y el turismo aún no han servido de palanca para un diálogo constructivo con las autoridades cubanas, ni la UE se ha comprometido con más firmeza con las nuevas formas de activismo cívico que surgen en el país. La resolución del Parlamento Europeo de septiembre ha reabierto el debate sobre Cuba y exige una respuesta o al menos un diálogo sobre cómo debe reaccionar la UE ante la nueva situación sobre el terreno.

La UE debe ayudar a las organizaciones de la sociedad civil y al pueblo cubano a impulsar un mayor espacio de cooperación, y debe comprometerse con la nueva generación de voces democráticas del país. Además, la UE debe utilizar sus fuertes vínculos y su potencial de influencia para instar a un diálogo con los funcionarios cubanos, al tiempo que intenta utilizar el PDCA como palanca para tender puentes entre la oposición y el régimen. La combinación de un régimen debilitado que sigue bajo presión y la nueva contundencia de los ciudadanos cubanos descontentos ha cambiado la situación del país. La UE tiene que adaptar su política en consecuencia y lograr un mejor equilibrio entre los funcionarios del gobierno y la oposición, incluso comprometiéndose mucho más con los actores de la sociedad civil.

 

«La combinación de un régimen debilitado que sigue bajo presión y la nueva contundencia de los ciudadanos cubanos descontentos ha cambiado la situación del país»

 

Tras las oportunidades perdidas en el pasado, la UE podría vincular el PDCA y sus fondos para el desarrollo a exigencias más firmes para que se ponga fin al acoso del gobierno a las fuerzas de la oposición y se establezca un diálogo con los manifestantes. Si la UE no cambia su política hacia Cuba, su imagen como promotora de la democracia se verá afectada, y podría ser acusada de tolerar los abusos de los derechos humanos a cambio de la plena cooperación y el diálogo con un régimen autoritario. El enfoque propuesto aquí no significa cortar las relaciones con los funcionarios cubanos, que tienen el poder para llevar a cabo las reformas. Pero la UE debería ofrecer también un mayor apoyo a la nueva generación de activistas cívicos.

Sobre todo, la UE tal vez necesite hacer que su política hacia Cuba sea menos ideológica. Muchos europeos de izquierdas todavía parecen demasiado dispuestos a pasar por alto la aplastante represión de un régimen socialista, mientras que muchos en la derecha presionan para que se ejerza una coerción más dura contra Cuba que la que ejercen cuando se trata de regímenes no izquierdistas. Una política más coherente de la UE ayudaría a los ciudadanos y a la oposición política de Cuba y contribuiría a restaurar la imagen de los europeos como defensores imparciales de las aspiraciones democráticas de los pueblos de todo el mundo.

Artículo publicado en inglés en la web de Carnegie Europe. Este artículo forma parte de la iniciativa European Democracy Hub, dirigida por Carnegie Europe y la European Partnership for Democracy.

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