Elecciones con los dados trucados en Nicaragua

El 7 de noviembre culmina en Nicaragua uno de los procesos electorales más controvertidos de su historia reciente, debido a las condiciones adversas en las que ha transcurrido y porque sus resultados ya están definidos. Las elecciones para elegir los cargos a la presidencia, vicepresidencia y asientos legislativos se instalaron en el imaginario colectivo nicaragüense como la mejor alternativa para resolver la prolongada crisis sociopolítica que atraviesa el país desde 2018, cuando comenzó un estallido social que fue respondido por el gobierno con una violenta represión. Sin embargo, la expectativa ciudadana ha chocado con la voluntad del actual presidente, Daniel Ortega, y de Rosario Murillo, su esposa y vicepresidenta, quienes pretenden continuar en sus cargos por cuarta vez.

Para lograr su cometido, Ortega y Murillo comenzaron ya en 2020 a controlar todas las variables de la competencia electoral, mediante la aprobación de un conjunto de leyes que restringen derechos ciudadanos fundamentales y han servido como argumento para apresar a siete candidatos presidenciales de la oposición y más de 30 personas, entre las que se encuentran líderes políticos, periodistas, empresarios privados, defensores de derechos humanos y diplomáticos. A ellos se suman otros 120 prisioneros políticos. La razzia política comenzó en mayo de este año, después de que el aparato legislativo controlado por el ejecutivo reformara la ley electoral y nombrara nuevos magistrados para el órgano electoral, también subordinados a Ortega.

Distintos organismos internacionales de derechos humanos han expresado públicamente su preocupación por la situación de los detenidos, en particular del último grupo, del que se estarían violando de manera sistemática sus derechos fundamentales y el debido proceso en los juicios que les han abierto. Sus familiares han denunciado que no les permiten visitas ni hablar con sus abogados defensores. Algunos de ellos acumulan más de 140 días de detención y solo les han permitido dos visitas de sus familiares, quienes también sufren intimidaciones, acoso y represalias por parte del gobierno.

Además de apresar a los candidatos de la oposición con mayores probabilidades de derrotarlo, el Consejo Supremo Electoral controlado por Ortega canceló la personería jurídica de tres partidos políticos, de manera que en la competencia para el 7 de noviembre solo quedan cinco partidos, considerados por la población como “colaboracionistas”, sin credibilidad y con escaso respaldo ciudadano.

«En su última ronda de detenciones antes de los comicios, el régimen de Ortega ha apreado a siete candidatos presidenciales y a más de 30 líderes políticos, periodistas, empresarios privados, defensores de derechos humanos y diplomáticos»

Mediante un proceso de control que comenzó hace ya años, Ortega maneja los hilos del sistema electoral y tiene capacidad para decidir quiénes lo integran, desde los magistrados hasta los integrantes de las juntas de votación. En comicios anteriores, este diseño controlado y fraudulento dio lugar a serias irregularidades, a tal punto que diferentes actores nacionales y organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y las misiones de observación electoral de la Unión Europea señalaron la necesidad de reformarlo. En octubre de 2020, la OEA emitió una resolución donde señalaba siete condiciones básicas necesarias para estos comicios. Ninguna de ellas ha sido resuelta, por lo que se prevé un alto porcentaje de abstención este domingo. Diferentes grupos de la oposición y del movimiento cívico que emergió a raíz del estallido social de 2018 han señalado la ilegitimidad del proceso, la falta de condiciones para ejercer el derecho ciudadano al voto, pidiendo a la comunidad internacional que no reconozca los resultados de las votaciones.

Los gobiernos europeos, una mayoría de latinoamericanos, Estados Unidos y Canadá han expresado de manera reiterada su preocupación por la situación de Nicaragua, sobre todo por las sistemáticas y graves violaciones de los derechos humanos. En julio, el Parlamento Europeo aprobó por mayoría una fuerte resolución de rechazo, demandando sanciones a Ortega, así como la revisión de la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación con Centroamérica, del cual Nicaragua forma parte. EEUU, Canadá, Suiza y Reino Unido también han impuesto sanciones a familiares y personas cercanas a Ortega. La OEA ha emitido recientemente dos resoluciones y esta semana el Congreso de EEUU aprobó la Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral, que supone la aplicación de duras sanciones económicas.

El escenario se vuelve más complejo con la crisis sanitaria que ha provocado el Covid-19 y la gestión gubernamental de la epidemia, provocando altos niveles de contagios y fallecimientos, así como bajísimos porcentajes de inmunización. La población también sufre los efectos económicos y sociales causados por la convergencia de la prolongada crisis sociopolítica y la crisis sanitaria, y ha buscado en el exilio y la migración una forma de escapar del ambiente asfixiante que prevalece dentro del país.

No habrá sorpresas el 7 de noviembre en Nicaragua. Los resultados de las votaciones son fáciles de pronosticar. Ortega y Murillo seguirán a los mandos de la presidencia y la vicepresidencia, pero lo harán sobre un país en ruinas y descontento, aislado del mundo. La oposición, golpeada y descabezada en su liderazgo, tiene el gran reto de reorganizarse y construir una propuesta alternativa para restablecer la democracia en Nicaragua. Un camino para nada fácil, pero no imposible.