La Monarquía ejecutiva se afianza en Marruecos

El 8 de septiembre se celebraron en Marruecos unas triples elecciones –locales, regionales y legislativas– cuyos resultados, que otorgaron una clara victoria a los partidos cercanos a Palacio, reconfiguran el escenario político, en lo que parece ser una regresión a los tiempos previos a la primavera árabe.

La victoria fue para la Agrupación Nacional de Independientes (RNI), liderada por Aziz Ajanuch, quien ya ha sido llamado a formar un nuevo gobierno. Era el claro favorito, lo que demostró con una inversión desmesurada en una campaña electoral celebrada sobre todo en el medio digital. Según la revista Telquel, el RNI habría invertido más de 200.000 dólares de publicidad en Facebook, por los 20.000 del partido Istiqlal y los 1.000 del resto de partidos. El segundo puesto fue para el Partido de la Autenticidad y la Modernidad (PAM) y el tercero, para el Istiqlal, ambos a una amplia distancia del resto de formaciones políticas. El resultado más sorprendente es el derrumbe del Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD), que había liderado las dos últimas legislaturas y que pasa a ocupar el octavo puesto, perdiendo 112 escaños hasta ocupar 13 en un Parlamento de 395 miembros.

En principio, cabe destacar dos conclusiones. La primera y más obvia: la dilución de la presencia del PJD en la política nacional. A pesar de haber simbolizado el nuevo ciclo político abierto con las protestas antiautoritarias de 2011, que culminó con la formación de un gobierno de mayoría islamista, el liderazgo gubernamental del PJD no se tradujo en una transformación del modus operandi de los partidos políticos marroquíes, que coordinan su acción con la política desarrollada desde Palacio. La sumisión del PJD a los designios reales, incluidas políticas de alto coste social –la última y más simbólica, la normalización de las relaciones entre Marruecos e Israel–, y el desgaste de la gestión de la crisis sanitaria permiten, en parte, comprender la pérdida del favor de la población, en línea con lo ocurrido a finales de los años noventa con el gobierno de alternancia presidido por la Unión Socialista de Fuerzas Populares.

«Durante su segunda legislatura, el PJD desempeñó un papel de chivo expiatorio que parece difícil que el RNI, mucho más cercano a las élites económicas, pueda asumir»

La segunda conclusión es la clara victoria de los partidos cercanos a Palacio, lo que deja poco margen para las voces disonantes. Sin entrar a apostar en el juego de las posibles coaliciones gubernamentales, es evidente que el próximo gobierno estará compuesto por partidos del régimen. El rey Mohamed VI reforzará todavía más su papel político central, continuando con la división de competencias entre el gobierno y la casa real. Queda pendiente saber quién servirá de oposición al gobierno. El PJD se caracterizó, sobre todo durante su segunda legislatura, por seguir con fidelidad las directrices de Palacio, pero también desempeñó un importante papel de chivo expiatorio que parece difícil que el RNI, mucho más cercano a las élites económicas, pueda asumir.

El proceso electoral ha estado marcado por la reforma de la ley electoral y, sobre todo, por la adopción del cociente electoral como fórmula de cálculo de escaños y por la supresión del umbral electoral, que tenía como claro objetivo disminuir la presencia parlamentaria del PJD. Desde esta perspectiva, las elecciones ponen fin a un proceso iniciado casi al mismo tiempo que las protestas de 2011 e intensificado apenas dos años más tarde, un proceso por el cual el rey ha ido recuperando de manera gradual sus prerrogativas y su protagonismo como actor principal del juego político.

Promesas y realidades

La sombra de Palacio se alarga si se tiene en cuenta que las principales políticas que el nuevo gobierno deberá poner en marcha estaban ya determinadas hace meses, lo que deja poco margen a los recién llegados y sugiere un gobierno continuista. Estas políticas se enmarcan dentro el proyecto de ley de finanzas de 2021, en curso, y en los resultados de la comisión sobre el modelo de desarrollo de Marruecos, anunciados en mayo de este año y que obligaron a los partidos a adaptar sus programas electorales en pos del denominado “pacto nacional para el desarrollo”. Ambos proyectos proponen una amplia batería de reformas e inversión en materia de sanidad y educación, el sector privado y el desarrollo social, así como un pacto de recuperación económica, aprobado al calor de la pandemia y de su dramático impacto sobre la economía informal del país. Los objetivos económicos, sustentados en unas generosas promesas electorales –notables en el caso del RNI–, se enfrentan, no obstante, a un escaso margen de maniobra presupuestaria y a los compromisos contraídos por Marruecos con el Fondo Monetario Internacional, que dificultan la implementación de un programa de políticas económicas expansionistas.

En los últimos años Marruecos ha sido testigo de unas políticas cada vez más asertivas y de una monarquía cada vez más involucrada en los asuntos políticos. Esto se ha reflejado tanto en el plano internacional –como muestran las recientes crisis diplomáticas con España y Alemania, o la actual ruptura de relaciones diplomáticas con Argelia– como en el nacional, caracterizado por un aumento de la presión sobre la libertad de expresión y los activistas de derechos humanos. En 2020, la Asociación Marroquí de Derechos Humanos denunció la existencia de 226 prisioneros políticos y de opinión.

La tendencia a una mayor concentración y afirmación del poder se vio favorecida por la declaración del estado de emergencia en marzo de 2020, que ha otorgado un mayor peso al ministerio de Interior (que depende directamente del rey) y a las fuerzas de seguridad en la gestión de la pandemia. Los últimos resultados electorales parecen reafirmar dicha dirección política, reflejando una apuesta por la estabilidad, en detrimento de una mayor autonomía del gobierno.