La transformación digital, presentada como un proyecto estratégico por todos los gobiernos, resulta muy compleja en la región MENA (Oriente Medio y Norte de África). Salvo Israel y algunos países del Golfo como Catar y Emiratos Árabes Unidos, que se encuentran entre los más innovadores en la clasificación de 2020 del Digital Inclusion Index (Rolang Berger, 2021) el resto de los países se hunde en una brecha digital agravada por la pandemia del coronavirus. Este artículo abordará la situación de los países árabes situados en la cuenca mediterránea, llamados MENA-M, e interpelados por la política de vecindad de la Unión Europea. Esta última muestra una renovada voluntad de mantener una buena vecindad que nace en el Proceso de Barcelona, que se enmarca dentro de una nueva dinámica posterior a la Covid-19. El futuro de la integración euromediterránea depende del éxito de la política económica, tecnológica, cultural y climática en la región.

La conectividad universal es un elemento clave tanto de la recuperación tras la Covid-19, como de la realización de proyectos de desarrollo más globales, como los objetivos de desarrollo sostenible. Sin embargo, todavía falta mucho para lograrla, ya que, en el mundo actual, solo un ser humano de cada dos tiene acceso a Internet. Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el índice de penetración global de internautas en el mundo es del 53,6%. En los países desarrollados, esa cifra aumenta hasta el 87%, pero desciende hasta solo el 47% en los países en desarrollo.

Las grandes disparidades en lo que se refiere a la penetración de Internet –entre países más ricos y más pobres, y entre las distintas regiones de un país dado– constituyen un obstáculo importante para mitigar los problemas de la Covid-19, según el Oxford Business Group. En uno de sus últimos informes, señala la falta de preparación de algunos países para desplegar nuevos servicios en línea, lo que perjudica el mantenimiento de los servicios públicos, la continuidad de los negocios y el acceso a la atención sanitaria, la educación y la movilidad en particular.

En resumen, cuando las infraestructuras tecnológicas son inadecuadas, no solo se limita la capacidad para aprovechar plenamente las nuevas oportunidades de la economía digital, sino que también se ve afectado el rendimiento de la economía convencional. Las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) se han vuelto fundamentales para el funcionamiento de una economía, junto a las redes de suministro de agua, electricidad y alimentos. Además, paralelamente a las vacunas, la conectividad generalizada es un elemento esencial del sistema sanitario.

Una de las características comunes en la región es que la transformación digital siempre se ha considerado una brecha que hay que cerrar, en vez de un instrumento estratégico para la innovación y el posicionamiento en la época cognitiva. Existe un retraso importanteen cuanto a infraestructuras y equipos, pero eso solo explica en parte que los usos sean limitados y que el ecosistema de la innovación esté controlado por el sector público dominante, lo que impide que el sector privado invierta libremente en la economía digital.
En la región MENA-M, las medidas de distanciamiento social impuestas con urgencia para enfrentarse a la pandemia (confinamiento, limitación de los desplazamientos, toque de queda) han tenido muchas consecuencias negativas, y, paradójicamente, han aumentado la brecha digital.

Esto se observa primero en el sector público debido a que las infraestructuras digitales en la Administración no están diseñadas para el teletrabajo y no están preparadas para garantizar la continuidad de los servicios públicos a los ciudadanos y a las empresas a través de las ventanillas virtuales. Esto, por una parte, ha reducido considerablemente la productividad de la función pública y, por otra, ha disminuido el rendimiento económico. Esta dura observación afecta a todos los países MENA, incluso a los que aparecen en la parte alta de la clasificación del Índice de Agilidad Digital (Euler Hermes, 2021) que mide la capacidad de los países para proporcionar a las empresas un entorno propicio para la transformación digital.

La saturación de las redes, debido a una conexión más intensiva a Internet, a los vídeos en línea y las videoconferencias, ha puesto de manifiesto el límite de las infraestructuras tecnológicas de la región, como señala el Banco Mundial en Assurer la transformation numérique en pleine pandémie : le cas de la région MENA (Boutheina Guermazi, 2020). El déficit en la capacidad de conexión a la red internacional y la falta de puntos de conexión a la red troncal ha limitado el ancho de banda de la zona MENA durante la crisis sanitaria.
Así, durante la crisis se han puesto de manifiesto las deficiencias en el acceso a servicios básicos como la atención sanitaria, la educación y el transporte, con un efecto directo en la vida de los ciudadanos y de las empresas, muchas de las cuales han tenido que despedir a parte de su personal. Solo en Túnez, se calcula que más de un millón de personas, cerca del 10% de la población, han caído por debajo del umbral de pobreza a causa de la pandemia.

En casi todas partes, los sistemas sanitarios y los hospitales alcanzaron su límite ya en la primera ola, que les cogió desprevenidos tanto en lo que se refiere a equipamientos (reanimación, respiradores, oxígeno), como a personal sanitario, aunque las iniciativas ciudadanas permitieran mitigar esas deficiencias gracias a las donaciones y a la movilización benéfica de recursos externos. Por desgracia, los poderes públicos no mantuvieron el dinamismo de la sociedad civil durante la pandemia, y la desconfianza entre el sector público y el privado volvió a prevalecer rápidamente en cuanto terminó la primera ola.

El excepcional impulso innovador que se produjo en cada país para dirigir los esfuerzos de la comunidad de los emprendedores tecnológicos y organizar una respuesta mediante la tecnología no ha traspasado las fronteras. Ni siquiera las startups que han conseguido ofrecer soluciones de detección y rastreo de las personas afectadas han podido exportarlas fuera de sus países de origen. Y, lo que es peor, algunos proyectos de gran valor tecnológico como la startup egipcia DilenyTech, especializada en las terapias digitales para la detección del cáncer asistida por la inteligencia artificial, se han quedado en su perímetro inicial y corren el riesgo de que el entorno local impida su desarrollo. Tampoco parece que la ventaja de la porosidad de las fronteras en la economía digital favorezca a las startups más prometedoras.

La pregunta implícita que se plantea está relacionada con la gestión y el almacenamiento de los datos personales y la interconexión con los sistemas de información nacionales. La asimetría entre el marco regulatorio y el institucional también frena la difusión de las aplicaciones fuera de las fronteras nacionales. A título de ejemplo, Marruecos convocó una licitación pública internacional para adquirir una solución de rastreo de contagios y de diagnóstico en línea. La licitación se concedió a una empresa local que desarrolló y puso en funcionamiento a finales de abril de 2020 una aplicación 100% marroquí. Unos días después, Túnez hizo lo mismo gracias a la generosidad de una startup local que regaló al Ministerio de Sanidad una aplicación lista para su uso. Ninguna de esas dos aplicaciones ha podido funcionar fuera de su territorio nacional, lo que subraya la dificultad para adoptar proyectos de digitalización.

La continuidad de la educación a distancia durante la Covid-19 es un buen ejemplo de estas dificultades. En la región MENA-M, los colegios y las universidades privadas pasaron muy rápido a impartir enseñanza a distancia y a realizar exámenes en modo virtual, pero los centros públicos no. Las razones se basan en los siguientes factores:

– la brecha digital que sitúa a una parte de los alumnos y estudiantes en el sector público en una situación de desventaja con respecto a algunos de sus compañeros;

– los proveedores de plataformas de enseñanza electrónica están muy solicitados y, por lo general, no les gustan los largos procedimientos de licitación del sector público. Además, sus contratos de licencia están generalmente estandarizados y domiciliados en su país de origen; y

– no todos los docentes ven con buenos ojos los esfuerzos para digitalizar las clases. Además del tiempo que se necesita para readaptar los soportes de las clases, hay que adquirir nuevas competencias para usar el canal digital, algo que las autoridades responsables ni garantizan, ni tienen en cuenta.

En Jordania, por ejemplo, según una publicación del Banco Mundial (COVID-19 and digital learning preparedness in Jordan, M. Audah, M. Capek, A. Patil, mayo 2020), más del 16% de los alumnos no tiene acceso a Internet, es decir, 16 puntos porcentuales por debajo de la media de la OCDE, mientras que una tercera parte no tiene un ordenador para hacer el trabajo escolar, es decir, 25 puntos porcentuales por debajo de la referencia de la OCDE. Esta brecha digital existe principalmente en los hogares con ingresos bajos: menos del 30% de los alumnos de los grupos de una condición económica muy baja disponen de un ordenador para el trabajo escolar, y solo aproximadamente el 50% puede tener acceso a Internet.
E

gipto, después de un intento de desarrollar internamente su propia plataforma de enseñanza a distancia, terminó decantándose por una solución proporcionada por Microsoft International y Blue Cloud for Software Development que el ministro de Educación Superior e Investigación Científica egipcio anunció en septiembre de 2020. Esta plataforma electrónica, todavía en fase experimental, permitirá enseñar a distancia en todas las universidades del país y realizar los exámenes presenciales y en línea.

En cuanto a la movilidad, la pandemia ha mostrado el mal estado de los sistemas de transporte público. El sector del transporte de personas, lastrado por la informalidad, ha sufrido de lleno las restricciones de circulación y las medidas de distanciamiento social.

El transporte de mercancías ha sufrido, a su vez, grandes perturbaciones que han afectado a los circuitos económicos por medidas como el toque de queda y la limitación de los desplazamientos, lo que ha reducido aún más la eficiencia de las cadenas logísticas. Como denuncia el presidente de la comisión de la competitividad logística y energética de la CGEM en Marruecos, “se han extraído varias lecciones de esta crisis: hay que pasar a lo digital y hay que hacerlo rápido; hay que reflexionar sobre cómo puede diversificarse el transporte, y formar a los conductores para diversificarse e ir a diferentes sistemas de transporte”. Lo que resulta sorprendente es el hecho de esperar a la crisis para darse cuenta de la importancia de declarar a los empleados, cumplir las normas de seguridad e introducir la trazabilidad en el conjunto de la cadena de transporte y logística.

Por otra parte, la implantación de los pagos en línea se ha convertido en una necesidad absoluta en una región dominada por el metálico. Aunque no se dan todas las condiciones para una sociedad sin efectivo en la región, también es cierto que los compradores en línea prefieren usar ahora los pagos digitales, según un estudio del proveedor de sistemas de pago con sede en Londres, Checkout.com. De acuerdo con este estudio, el 40% de los compradores en línea en Oriente Medio declaran que compran y pagan así debido a la pandemia. La aceleración de las transacciones de comercio electrónico y de pago digital ha condensado en unos meses el equivalente a cinco años de crecimiento.

La transformación digital es sobre todo una transformación cultural

En plena pandemia de Covid-19, la conectividad desempeña ahora un papel clave para los particulares, los poderes públicos y los operadores que quieren utilizar datos, contenidos y aplicaciones digitales para garantizar la continuidad de la actividad económica y social. Por tanto, los gobiernos deben asegurarse de que se dan las condiciones propicias para la interconexión de las infraestructuras, los sistemas de información y, más en general, los ecosistemas de la economía digital, lo que permitirá ampliar la capacidad de las redes y la cobertura de los servicios de Internet.

La construcción de un proyecto de transformación digital global y transversal sigue siendo un ejercicio difícil, sobre todo si no se identifican bien las necesidades o se desvinculan de las contingencias locales. Cuando los departamentos técnicos que se encargan de las telecomunicaciones diseñan los proyectos de infraestructuras, se ven limitados por su propia organización compartimentada y por unos procedimientos de contratación inadecuados para la innovación. Y eso no ayuda a estructurar proyectos transversales, ni a crear una gobernanza global eficaz.

Es lo que se observa en Túnez, que ya inició en 2013 un ambicioso programa llamado Tunisia 2016 con un presupuesto de 5.000 millones de dinares, retomado a su vez en 2016 para incluir un elemento relacionado con la salud electrónica y en 2019 para ampliar tanto el perímetro como el horizonte de despliegue. Con la crisis de la Covid-19, Túnez ha retocado una vez más su plan estratégico digital, y ahora tiene dificultades para pasar a la fase de ejecución con el presupuesto inicial, que ya no es adecuado para el contexto actual.

El retraso en la transformación digital puesto de manifiesto por la Covid-19 invita a los países de la región a reflexionar sobre el ritmo al que avanza su integración tecnológica y económica. Eso hace que tengan que diseñarse estrategias con una colaboración público-privada que acelere los avances en todos los ámbitos y niveles. El progreso consiste precisamente en permitir que las distintas categorías sociales puedan acceder, a distancia, a un menor coste y con total seguridad, a los diferentes servicios públicos, y puedan aprender, trabajar, comprar, pagar y recibir pagos a distancia.

El arraigo territorial que promueve la política de vecindad de la UE hacia sus vecinos del Sur da ejemplo al institucionalizar la facilidad para acceder al espacio digital, una base común de derechos y obligaciones que lleva aparejada unas infraestructuras tecnológicas mutualizadas, que permitirá catalizar las competencias digitales y diversificar los usos.
Dar acceso a Internet a toda la población de la zona euromediterránea para que ejerza plenamente su ciudadanía es un cambio cultural necesario para consolidar las políticas públicas de transformación digital. Lo que se pretende es fomentar una identidad digital para que represente una ciudadanía digital sin fronteras, inclusiva y representativa de la riqueza civilizacional de la gran zona euromediterránea. Dicha identidad pacífica y ética no puede sino facilitar el acercamiento entre los pueblos y consolidar el compromiso a favor del Estado de derecho, las bases de la igualdad, la democracia y la buena gobernanza, como vector de una estabilidad regional equitativa y próspera, dentro del respeto de la diversidad y la tolerancia.

Conectividad y cognición social

En un contexto de inestabilidad general y de aceleración de los cambios, la capacidad de asimilación de las innovaciones tecnológicas depende de una cognición social que mejora la manera en que se gestiona y se utiliza la información. Además, tiene que garantizar una “conectividad social” para el desarrollo personal en un espacio virtual abierto y libre, pero regulado, favoreciendo la generalización de las mejores aplicaciones digitales para un mayor bienestar de la comunidad de usuarios en sentido amplio. De la zona euromediterránea se espera que cree ese espacio de libertad que falta en el terreno físico, y que permita que haya más posibilidades de innovación digital.

Se supone que la tecnología tiene que permitir la integración territorial y sectorial a escala local e internacional. La economía digital no puede desarrollarse sin una implantación en la economía real para aumentar su rendimiento y llegar al mayor número de personas posible, sin restricciones de género ni limitaciones geográficas. Sin duda, la crisis del coronavirus ha acelerado el auge de lo digital, pero a veces ha reactivado también los reflejos del proteccionismo, y numerosos países se esfuerzan ahora por reestructurar sus cadenas de aprovisionamiento dando prioridad a los circuitos cortos con un abastecimiento local y a las actividades integradas en sus propios territorios, para frenar la propagación del virus, y, sobre todo, para atenuar los efectos secundarios de la pandemia en la economía. Esto no cuestionará el fundamento de los paradigmas de la cooperación multilateral (ALECA, ZLECAf), pero contribuirá a la creación de zonas electrónicas de libre comercio y de ciudadanía digital.