Una economía pequeña, con una soberanía limitada, lastrada por años de ineficiencia fiscal y algún que otro escándalo de corrupción, se encuentra aplastada por el peso de su deuda pública. “Es impagable”, anuncia el ejecutivo. El gobierno no dispone de una política monetaria propia, por lo que la devaluación no es una opción. Tampoco lo es la bancarrota.
¿Suena familiar? Pues el Estado en cuestión no es Grecia, sino Puerto Rico.
Abundan las comparaciones entre ambos casos. “Puerto Rico: la Grecia de EE UU,” reza un titular de Expansión. “Puerto Rico, peor que Grecia”, asegura Felipe Fernández-Armesto en El Mundo: “El paro es mayoritario. Los ingresos están en colapso. El suministro de agua en San Juan queda suspendido dos días a la semana para ahorrar dinero. La población está huyendo del país”.
No tan deprisa. La situación que describe Fernández-Armesto no es distinta a la de Grecia tras los recortes. Pero la equiparación de ambas crisis, a pesar de sus similitudes, no es especialmente acertada.
Una primera diferencia es el volumen y la estructura de las respectivas deudas públicas. La deuda pública de Grecia supera los 300.000 millones de euros y representa en torno al 180% de su PIB. Los propietarios de dicha deuda también son entidades públicas: la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional. Puerto Rico debe 65.000 millones de dólares, casi una quinta parte del volumen que debe Grecia. Pero la mayor parte de sus bonos, financiados a través del mercado de deuda municipal estadounidense, están en manos de inversores privados. “Hay demasiados prestamistas y demasiados tipos de deuda”, advierte Stephen W. Rhodes, el juez que supervisó la bancarrota de Detroit y al que ha contratado Alejandro García Padilla, gobernador de la isla desde 2012.
El precedente de Detroit no establece una hoja de ruta para Puerto Rico. La ciudad, que quebró en verano de 2013, se acogió a la Ley de Quiebras de Estados Unidos para reestructurar su deuda. Pero el estatus de Puerto Rico como Estado Libre Asociado no le permite recurrir a la Ley de Quiebras. El Congreso podría, pero la cámara pasa por una de las etapas más disfuncionales de su historia. Y la misma Casa Blanca que presiona a Alemania para que alcance acuerdos con Grecia se ha mantenido en un segundo plano, negándose a rescatar la economía de la isla.
Tanto Grecia como Puerto Rico se encuentran en una encrucijada económica, pero los dilemas a los que hacen frente son diferentes. Aunque comparte con la isla un pasado en el que la recaudación fiscal era ineficaz e imperaba la corrupción, el problema principal de Grecia es que está atrapada en un ciclo recesivo impuesto por las políticas de austeridad. Puerto Rico, como señala Paul Krugman, está lastrado por un problema de desarrollo económico –debilidades estructurales del sector manufacturero e imposibilidad de sacar mayor beneficio del turismo–, lo que obliga a la isla a depender de las remesas de inmigrantes en EE UU.
La isla, a diferencia de Grecia, no ha sufrido cinco años de recortes. Aunque su deuda esté denominada en dólares, no existe la posibilidad de que la Reserva Federal cierre el grifo y fuerce la expulsión de Puerto Rico. Washington tampoco va a detener los programas federales de ayuda social la isla, que, según Krugman, “está recibiendo ayuda en una escala que sería impensable en Europa”.
A pesar de todo, el futuro se presenta difícil. Un reciente informe del FMI, dirigido por Anne Krueger, esboza un panorama desolador para la isla: “Problemas estructurales, shocks económicos y una débil gestión pública han producido décadas de estancamiento, inmigración y deuda. Los mercados financieros antes ignoraban estos hechos, pero ahora han aislado al Estado Asociado de acceso normal a los mercados. Se avecina una crisis”.