“La clase alta peruana está tan profundamente corrompida que su egoísmo la lleva, para satisfacer su amor al poder y otras bajas pasiones, a las tentativas más antisociales”.
Flora Tristán, Peregrinaciones de una paria (1838).
La implicación en el escándalo de las “vacunas VIP” –que distribuyó de modo casi clandestino el ministerio de Salud de Argentina– de Horacio Verbitsky, un influyente periodista que desde 1999 es miembro de la junta directiva de la división latinoamericana de Human Rights Watch, ha revelado, mejor que cualquier tratado académico, la forma en la que funcionan los mecanismos de la corrupción en América Latina, donde son un factor estructural y una constante cultural.
Cuatro ministros en Argentina, Perú y Ecuador han renunciado o están siendo investigados por tráfico de influencias para facilitar dosis de la vacuna contra el Covid-19. En una región donde se han registrado el 20% de las víctimas mortales de la pandemia, la vacuna puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Australia, Japón y Canadá, que suponen menos del 1% de los contagios, se han asegurado más vacunas que toda América Latina y el Caribe, que suman el 17%. Por otra parte, en Brasil, que solo ha vacunado al 3% de sus 210 millones de habitantes, los fiscales están investigando a cientos de políticos acusados de saltarse los planes que dan preferencia a los grupos más vulnerables. En Manaos han pedido la detención del alcalde, David Almeida, por distribuir dosis entre empresarios y aliados políticos.
En Argentina, Verbitsky contó en la radio que llamó a su “viejo amigo”, el ministro de Salud, Ginés González García, para que le hiciera la “gauchada” de vacunarle. Su secretaria le contestó poco después que se pasara por el ministerio para recibir la primera dosis de la vacuna rusa Sputnik V. Era una de la partida que el gobierno había recibido para pruebas clínicas y que acabó en los brazos de los que el periodista Jorge Lanatta llama los “Very Important Peronists”, entre ellos el excandidato presidencial Daniel Scioli y el ministro de Economía, Martín Guzmán.
Según los protocolos oficiales, los trabajadores esenciales –sanitarios, maestros, policías…– son los primeros en la fila, seguidos por los mayores de 70 años, unas 730.000 personas. El escándalo no pudo producirse en peores momentos para el presidente, Alberto Fernández, que en medio de su visita a México tuvo que deshacerse de uno de sus ministros clave y eliminar de su comitiva a varios beneficiarios de la vacunación VIP, entre ellos el senador Jorge Taiana.
Argentina es un país famoso por su inventiva verbal para describir las tramas corruptas: “aduanas paralelas” (contrabando), “reboleo” (aventar bolsas llenas de billetes al otro lado de un muro), “dólar blue” (sin controles de cambios)… Al final, Verbitsky pidió disculpas por su error, en un contrito mensaje de arrepentimiento que no es probable que le redima ante nadie. A veces el derrumbe de un relato apócrifo necesita solo de un hecho fortuito o sorpresivo.
La intelectual argentina Beatriz Sarlo: «Me ofrecieron la vacuna bajo la mesa y dije: ´Prefiero morirme ahogada de Covid´» https://t.co/TFTaOXOyHX via @LANACION
— Jacqueline Fowks (@jfowks) February 19, 2021
La corrosiva feminista Beatriz Sarlo –“la antikirchnerista que los kirchneristas aman odiar”, como alguna vez se definió– dijo que cuando le ofrecieron la vacuna bajo la mesa, replicó que preferiría “morirme ahogada de Covid” antes que dejarse inocular de esa manera. Fernando Miguez, director de la Fundación por la Paz, considera “inaudito” que hubiese alguien encargado de dictaminar quién debía morir y quién no, por lo que cree que se trata de caso delictivo.
Argentina por ahora solo cuenta con menos de dos millones de dosis, el 15% de las que necesita para cubrir a su personal sanitario y a los mayores de 60 años. González García, por otra parte, obstaculizó las negociaciones con Pfizer, que alega que no pidió en Buenos Aires nada que no hubiese pedido en otros países. Para el 80% de los opositores, la corrupción es el mayor problema del país, algo con lo que solo el 15% de los peronistas está de acuerdo.
Un mar de mentiras
En Ecuador, el ministro de Salud, Carlos Zevallos, envió algunas de las dosis del primer cargamento que se recibieron –reservadas a médicos y sanitarios– a la residencia privada en la que vive su madre. En Venezuela, los 277 miembros de la Asamblea Nacional –el 92% oficialistas, entre ellos la “primera combatiente”, Cilia Flores, y Nicolás Maduro– ya han comenzado a recibir la Sputnik V con el primer lote de 100.000 dosis que llegaron a Caracas, apenas suficientes para el 0,5% de los venezolanos.
En el vacunatorio VIP peruano, el ya expresidente Martín Vizcarra se vacunó pocos antes de ser “vacado” por el Congreso con una dosis de “cortesía” que entregó la farmacéutica china Sinopharm a su gobierno antes de que se cerrara el contrato de compra. En la lista del oprobio –de 437 diplomáticos, rectores, directores de clínicas privadas…– figuran el nuncio del Vaticano, Nicola Girasoli, y la canciller, Elizabeth Astete, encargada de negociar con Sinopharm y que en tono versallesco dijo que “no podía darse el lujo de enfermarse”.
En 2020, murieron más de 200.000 peruanos, el doble que en 2019. La única razón que lo explica es la pandemia. La guerra de casi dos décadas contra Sendero Luminoso se cobró 70.000 vidas. Por otro lado, en ningún otro país han muerto por el virus tantos niños menores de nueve años como en Perú, lo que se debe fundamentalmente a la pobreza y la desnutrición, que debilitan sus defensas inmunológicas. Germán Málaga, el investigador universitario que se encargó de las pruebas clínicas, dispensó las vacunas a diestra y siniestra, minando la credibilidad del Estado peruano, vital para obtener las vacunas del programa Covax de la Organización Mundial de la Salud. El médico explicó después de que no se trataba de privilegios, sino de que “así son las cosas”, revelando, quizá inconscientemente, que todo el proceso estaba encallando en un mar de mentiras y abusos de poder.
En la rueda de prensa que compartió con su colega argentino, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo que su secretario de Defensa, Luis Cresencio, no se vacunó como en otros países “ni en secreto ni en público”, subrayando que antes de su gobierno todo eran “agarraderas, palancas, mordidas”. En 2020, México tuvo un 52% más muertes que en 2019, el doble que Brasil.
En esa misma rueda de prensa, Fernández tildó de “payasadas” las investigaciones de jueces y fiscales del vacunagate, donde algunos penalistas creen que se violaron las leyes y protocolos de vacunación. Según escribe Joaquín Morales Solá en su columna de La Nación, solo una sociedad “anestesiada” por la apatía puede no reaccionar ante semejantes arbitrariedades, advirtiendo de que en las elecciones legislativas de mitad de mandato los votantes tendrán la oportunidad de desmentirlo.
Las ramificaciones del caso peruano, por su parte, alcanzan a Sinopharm, que en septiembre entregó a Lima un lote de 3.200 de vacunas, aún en fase de prueba, “en calidad de obsequio”. Todo indica, según versiones de la prensa peruana, que el regalo era una forma de soborno.
Las sanciones de la Fiscalía peruana a los implicados podrían oscilar entre los seis y 15 años de cárcel por peculado, cohecho, colusión desleal, corrupción de funcionarios y tráfico de influencias. A pocas semanas de las elecciones del 11 de abril, el escándalo ha sido demoledor para una clase política ya muy desacreditada tras los aquelarres del caso Lava Jato y otras tramas corruptas que han enviado a prisión a todos los expresidentes, y a uno al suicidio. Así, no resulta extraño que ninguno de los 16 candidatos alcance el 10% de la intención de voto.
El ejemplo chileno
En este escenario, Chile brilla con luz propia después de haber vacunado ya al 15,03% de su población, según el proyecto Our World in Data de la Universidad de Oxford, muy por delante de Argentina (1,65%), Brasil (3,43%), México (1,4%) y España (9,59%), y cerca de Estados Unidos (19,44%). Chile ha puesto 12,43 dosis por cada 100 habitantes, frente a las 5,75 españolas y las 5,25 de media de la Unión Europea y las 2,77 de Brasil.
Fuente: Our World in Data
México, Colombia, Perú, Uruguay o Paraguay han pedido asesoría y ayuda a Chile. El problema es que el éxito chileno se debe a factores difícilmente transferibles a otras latitudes, como su antiguo y prestigioso sistema de salud primaria y su vasta red de 29 acuerdos comerciales con EEUU, la UE, China, Vietnam y Australia, entre otros, lo que facilitó las negociaciones con Pfizer, Sinovac, Moderna, CanSino, Oxford (AstraZeneca) y Johnson & Johnson.
Al 15 de febrero, Chile había ordenado 88,4 millones de dosis, lo que va a permitir al país austral inmunizar a casi toda su población hacia finales de junio. Según Izkia Siches, presidenta del Colegio Médico de Chile, el programa de vacunación, universal y gratuito, se ha visto facilitado por un registro nacional electrónico que permite seguir el proceso en tiempo real, y a que el presidente, Sebastián Piñera, esperó su turno para vacunarse.
Ese gesto, según Siches, muestra que la percepción de que el sistema es justo es de vital importancia para las políticas públicas de vacunación. De hecho, en diciembre la aprobación de Piñera rondaba el 7%. Hoy, tras destinar a la campaña todos los recursos, materiales y humanos, que pudo movilizar, supera el 14%, con tendencia al alza. Según las encuestas, el 59% de los chilenos respalda la vacunación de inmigrantes no regularizados.
Hay, por otra parte, un efecto positivo que está pasando inadvertido: ningún país podría haber imaginado jamás una campaña más eficaz para vencer las reticencias a las vacunas que los políticos haciendo trampas para ponérselas.