La democracia en América Latina bajo el Covid-19

Nueve meses después de la llegada a la región del virus SARS-CoV-2 y de su rápida expansión, que ha supuesto que los países de América Latina acumulen casi un tercio de las muertes registradas en el mundo, hay evidencias suficientes para tener una idea del impacto en sus sistemas políticos. No obstante, cualquier análisis es provisional y puede sufrir profundas alteraciones habida cuenta de que la pandemia no está aún controlada. Simultáneamente, la habitual imbricación de la política con la economía y con lo que sucede en la sociedad cobra especial relevancia en esta circunstancia.

Como señaló el padre de la anatomía patológica, Rudolf Virchow, “una epidemia es un fenómeno social que conlleva algunos aspectos médicos”. En este sentido, a lo largo de 2020, el profundo deterioro de la economía latinoamericana –con una caída en torno al 9% del PIB–, el incremento de la desigualdad por ser el mayoritario sector informal el más golpeado y los efectos psicóticos en diferentes grupos sociales tienen y tendrán un efecto substantivo. La disminución de la confianza con respecto a las instituciones políticas, el incremento del malestar, así como la potenciación de movilizaciones sociales demandando servicios, trabajo y, en definitiva, atención, ocupan y seguirán ocupando la agenda política. Por otro lado, se trata de un escenario muy heterogéneo que no hace sino agudizar más el cariz de democracia fatigada con que iniciaba 2020.

Una evaluación de la política en la región del año que ahora acaba puede abordarse, al menos, desde cuatro perspectivas. El papel del Estado, el liderazgo político, la dinámica electoral y la calidad de la democracia constituyen los ejes de esta nota que finaliza con un pantallazo de las citas electorales del año.

Como se puso de relieve el 1 de julio, cuando se cerró la edición de Política y crisis en América Latina. Reacción e impacto frente a la Covid-19, la pandemia sorprendió a la región con un marco muy desigual de capacidades estatales. En efecto, los ingresos fiscales sobre el PIB mostraban una horquilla que iba del 33,1% de Brasil al 12,1% de Guatemala, país que se veía acompañado por otros seis con una cifra inferior al 20% (Colombia, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela).

La informalidad laboral, según la Organización Internacional del Trabajo, era superior a las dos terceras partes de la población en Bolivia, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Perú, mientras que solo era inferior a un tercio en Uruguay (24,5%). Esta precariedad, no obstante, no dejó de ser óbice para la implementación de diferentes paquetes de apoyo puntual a sectores vulnerables, como ocurrió en Brasil, Colombia y Perú, entre otros.

En paralelo, desde el Ejecutivo se pusieron en marcha medidas coercitivas con confinamientos más o menos generalizados, suspensión de garantías, control de fronteras interiores y exteriores que evidenciaron cierta diligencia. En cierto sentido, se produjo una recuperación del postergado papel del Estado que había ido desmantelándose poco a poco tras la implementación en la mayor parte de los países latinoamericanos de las medidas auspiciadas por el Consenso de Washington desde hace tres décadas.

En segundo lugar, la región intensificó la personalización de la política gracias al reforzamiento de los presidentes. Si ya de por sí el presidencialismo es una forma de gobierno que potencia la figura del titular del poder Ejecutivo, la pandemia fue un marco en el que se exacerbó dicha tendencia. Por una parte, los otros poderes que habitualmente tienen la tarea de contrapeso quedaron fueran de juego durante los primeros meses por su condición de órganos pluripersonales con enormes dificultades para sesionar, bien fuera por la lentitud en poner en marcha mecanismos de actuación virtual o por los engranajes reglamentarios que debieron ser actualizados. El carácter unipersonal de la presidencia facilitó la cadena de mando, la concentración de decisiones en la mayoría de los casos de carácter técnico, así como la centralización de la información. En la mayoría de los países el activismo del presidente fue la nota destacada y solo en Costa Rica, Ecuador, Nicaragua y República Dominicana la actuación presidencial se situó en cuotas bajas. Ello se acompaña con que los poderes Legislativo y Judicial solamente tuvieron protagonismo en Brasil y El Salvador.

Los índices de valoración de los presidentes que han estado en el poder a lo largo de este lapso presentan un perfil irregular. Andrés Manuel López Obrador (México), Nayib Bukele (El Salvador) y Jair Bolsonaro (Brasil) mantienen –más los dos primeros– un alto nivel de apoyo, mientras que el presidente chileno, Sebastián Piñera, quien partía de niveles de aceptación mínimos cuando comenzó el año tras una pequeña escalada, vuelve a cotas muy bajas. De la misma manera, Iván Duque (Colombia) y Alberto Fernández (Argentina) apenas si cuentan con el visto bueno de la tercera parte de la población de sus respectivos países.

Elecciones en tiempos de Covid

El año que concluye ha sido de transición en términos electorales entre dos ciclos en los que se concentran las elecciones de la mayoría de los países latinoamericanos. Durante su desarrollo, solamente República Dominicana y Bolivia condujeron a sus ciudadanos a las urnas para llevar a cabo elecciones presidenciales y legislativas. En ambos países las elecciones debieron ser aplazadas por la pandemia una y dos veces, respectivamente. A falta todavía de análisis más afinados explicativos del comportamiento electoral todo hace indicar que los efectos de aquella fueron poco relevantes a la hora de incidir en el resultado.

En el caso dominicano el triunfo de Luís Abinader, del Partido Revolucionario Moderno (una escisión del histórico PRD), y apoyado por otros seis partidos aliados, se debió más al desgaste del gubernamental PLD y a la salida de las filas de este de Leonel Fernández, que creó la Fuerza del Pueblo con poca fortuna electoral. Con respecto a Bolivia, se mantuvo el carácter mayoritario del MAS, acrecentándose su caudal electoral en favor del candidato Luís Arce por el pésimo gobierno de la presidenta en funciones, Jeanine Áñez, y por el escaso atractivo del principal candidato opositor, Carlos Mesa.

Se celebraron también elecciones municipales en Costa Rica (2 de febrero), en Uruguay (en septiembre tras postergarse en mayo) y en Brasil (noviembre). Las elecciones de Uruguay endosaron en cierta medida el quehacer del gobierno de Alberto Lacalle Pou del Partido Nacional, pues sus candidatos ganaron en 15 de los 19 departamentos, mientras que el Frente Amplio obtuvo el triunfo en tres (uno de ellos la capital, que concentra la mitad de la población del país). En cuanto a Brasil, sus comicios locales se celebraron a lo largo de noviembre sin deparar excesivas sorpresas: Bolsonaro, a pesar de su notable popularidad nacional, fue incapaz de trasladar su apoyo a diferentes candidatos a lo largo del país que no consiguieron ser elegidos. Paraguay y Chile, que debían haber celebrado también elecciones municipales, las postergaron a 2021.

Para concluir, hay que señalar que dos informes de política comparada presentados a lo largo del último mes ofrecen datos interesantes acerca del deterioro de la democracia en la región en perspectiva mundial. El informe de Freedom House “Democracy under Lockdown” señala que la pandemia ha exacerbado el declive de la libertad y de los derechos civiles que se viene registrando en el mundo en los últimos 14 años. De esta forma, 80 países de entre 192 considerados en el informe han visto cómo su democracia se debilitaba en mayor o menor grado durante los últimos nueve meses. Dentro de este grupo, aparece buena parte de los países latinoamericanos; es el caso de Argentina, Bolivia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Venezuela (Francia también está incluida en este grupo).

Por otra parte, el trabajo del V-Dem Institute Pandemic Backsliding: Democracy and Desinformation. Seven Months into the Covid-19 Pandemic analiza siete tipos de violaciones de estándares democráticos que vulneran los derechos humanos o que desempeñan prácticas autoritarias que sabotean la rendición de cuentas por la limitación del acceso a la información y por el silenciamiento de la voz de la ciudadanía, además de llevar a cabo restricciones sobre la actuación de los medios de comunicación. El resultado del estudio para América Latina muestra que Brasil, México, Nicaragua y Venezuela han registrado violaciones en mayor medida, mientras que las acaecidas en Guatemala y Honduras adquieren un matiz algo inferior. Los restantes países de la región se sitúan en un rango menor, similar al nivel de España o de Francia. El Salvador, por otra parte, es uno de los países que tienen mayor riesgo de ver deteriorada su situación democrática.

Por consiguiente, 2021 debe confrontar estas inercias negativas en un panorama de creciente inestabilidad, con Guatemala como caso álgido habida cuenta de la descomposición desde hace años de su sistema de partidos y del manejo corrupto de la política. En términos electorales, el nuevo ciclo se iniciará en febrero en Ecuador, con la duda de si el correísmo podrá presentar una candidatura dentro de una oferta muy variopinta sin claras preferencias populares por el momento. Igualmente, Perú intentará en abril reducir su recurrente confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo con candidatos con reducida experiencia política y volátil apoyo partidista. Chile bullirá en medio de tres procesos por los que elegirá autoridades municipales, la asamblea constituyente y, finalizando el año, los comicios generales. El Salvador, México y Argentina tendrán elecciones solo legislativas, en las que sus gobiernos buscarán alcanzar el apoyo legislativo que no tiene el primero y consolidar el que mantienen los otros dos. El escenario mexicano será insólito si fragua el pacto entre el PAN, el PRI y el PRD para contrarrestar al oficialista MORENA. El año concluirá con la incógnita de si en Nicaragua se podrá articular una oposición suficientemente seria que sepa canalizar el hartazgo de la sociedad con la gestión mafiosa de los Ortega bajo la bandera del sandinismo.