Pasado, presente y futuro de la democracia en Bolivia

El contundente triunfo del Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) en las elecciones generales del 18 de octubre de 2020, con el 55,1 % de los votos, ha puesto fin a un año de incertidumbre en la democracia boliviana, después de las fallidas elecciones del 20 de octubre del 2019 y del golpe de Estado que derrocó al presidente Evo Morales. Este análisis aborda dos aristas fundamentales para comprender los desafíos para el nuevo gobierno del MAS y para la democracia en Bolivia. La recomposición del campo político con la presencia de nuevos actores en la oposición –Comunidad Ciudadana, de Carlos Mesa, y Creemos, de Luis Fernando Camacho– se expresa tanto en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) como en los departamentos de Beni, Tarija y Santa Cruz. Por otro lado, el MAS se consolida como la primera fuerza política del país con mayoría de votos en seis de los nueve departamentos, y con mayoría en las dos cámaras de la ALP, al tiempo que se enfrenta a la experiencia inédita de gobernar sin el liderazgo de Morales, lo que le exigirá poner en marcha nuevos esquemas de toma de decisiones, tanto en el interior del instrumento político como en la función de gobierno.

Rearticulaciones en medio de la incertidumbre

La democracia boliviana vive una coyuntura crítica que se inició a partir del referéndum constitucional del 21 febrero de 2016 para aprobar o rechazar la reforma del artículo 168 de la Constitución, que limitaba la reelección indefinida de autoridades estatales, en el que el No ganó con 51,3% y el Sí perdió con el 48,7%. Sin embargo, en noviembre de 2017 el Tribunal Constitucional emitió la sentencia que dio curso a la demanda del MAS, permitiendo la reelección indefinida para las autoridades de elección popular y, por tanto, habilitando a Morales para una nueva postulación en 2019. Como reacción, sectores medios urbanos se articularon alrededor de comités cívicos, gremios profesionales, iglesias y plataformas bajo el lema “Bolivia dijo no”.

Las movilizaciones del 21 de febrero de 2018 por la conmemoración de los dos años del referéndum evidenciaron también la polarización en torno al eje étnico entre sectores populares, campesinos e indígenas (base social del MAS) y la clase media urbana movilizada, así como en torno a la disociación democracia-autoritarismo. Con estos antecedentes, Comunidad Ciudadana se consolidó como partido político de la oposición al MAS, articulando los sectores movilizados desde el 2016. Sin embargo, en el período pre-electoral de 2019, la oposición no tuvo la capacidad de articularse en torno a Mesa, lo que provocó la fragmentación del voto opositor en ocho candidaturas.

Las elecciones del 20 de octubre del año pasado dieron como ganador a Morales con el 47,08% de los votos, seguido por Mesa, con 36,1%. Sin embargo, estos resultados no fueron reconocidos por la oposición, después de que la idea de fraude permease entre sus filas tras la detención de la Transmisión de Resultados Preliminares. El país se sumía en la convulsión social, con bloqueos, manifestaciones y la quema de Tribunales Electorales Departamentales en las principales ciudades. El conflicto escaló hasta desembocar en la renuncia del presidente a raíz de la “sugerencia” del Comandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman. En este lapso, Camacho, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, se posicionó como líder de la oposición, desplazando a Mesa e instalando un discurso racista con los sectores campesinos e indígenas y lleno de simbolismos religiosos. La noche del 12 de noviembre, tras la investidura de la presidenta autoproclamada Jeanine Áñez a cargo de militares, inició un ciclo de violencia con la quema de la wiphala en las plazas de varias ciudades, demostrando el rechazo hacia el símbolo oficial del Estado plurinacional. En las siguientes semanas continuaron una serie de acciones de intervención militar contra los sectores movilizados a favor del MAS (masacres de Sacaba y Senkata), que dejaron un saldo de más de 37 muertos, cientos de heridos y detenidos bajo la figura de sedición.

La principal tarea del nuevo gobierno, llamar a elecciones, se volvió su mayor debilidad y fuente de conflicto, después de que la primera convocatoria para el 6 de mayo no se respetase y le siguieran sucesivas dilatorias. Como reacción, el 3 de agosto la Central Obrera Boliviana y el Pacto de Unidad –instancia que reúne a los sectores organizados que se articulan en el MAS— iniciaron una serie de bloqueos que no cesó hasta el 13 de agosto, fecha en que la presidenta transitoria, Áñez, promulgó la ley 1315 con la cual finalmente el Tribunal Supremo Electoral fijó elecciones para el 18 de octubre.

Las movilizaciones de agosto expresaron el descontento de los sectores populares urbanos, campesinos e indígenas, después de diez meses de gobierno transitorio. A partir de entonces y una vez fijada la fecha de las elecciones, las últimas semanas de campaña electoral fueron decisivas para la definición del voto de amplios sectores que se ubicaban entre el 20% de indecisos, según datos de las últimas encuestas de Ciesmori, Ipsos, Focaliza y Jubileo.

El nuevo gobierno del MAS y los desafíos de la democracia

El MAS se enfrenta a nuevos desafíos como partido en el gobierno y como instrumento político de amplios sectores campesinos, indígenas y urbanos organizados. La ausencia de Morales en la presidencia exige un nuevo esquema decisional a construirse en el gobierno de Luis Arce y David Choquehuanca. En paralelo, la presencia de Morales como líder de las seis federaciones del Trópico de Cochabamba y su influencia en todos los sectores que conforman el Pacto de Unidad exigen una recomposición del esquema decisional en el interior del instrumento político. Para poder establecer algunas líneas sobre lo que está en juego, aquí se presentan algunos elementos que fueron determinantes en los tres periodos de gobierno entre 2006 y 2019.

Durante su primer periodo (2005-09), el MAS gobernó al frente de una coalición opositora que actuó desde la Asamblea Legislativa Plurinacional, ya que contaba con mayoría en la Cámara de Diputados (72 de 130 curules), pero no controlaba la Cámara de Senadores. Esta oposición también se ubicó en el nivel departamental, porque el MAS solo ganó en tres de los nueve departamentos. El periodo estuvo marcado por conflictos y tensiones alrededor de la redacción de la nueva Constitución, dado que ahí se definieron los alcances y la profundidad de la reforma hacia el Estado plurinacional. En octubre de 2008, tras la aprobación del nuevo texto constitucional en la Asamblea Constituyente, se generó una profunda crisis debido a que la oposición parlamentaria condicionó la aprobación de la convocatoria del referéndum que ratificaría en las urnas el texto constitucional, a la modificación de varios artículos de la nueva Constitución. Las bases sociales del MAS cercaron la Asamblea estableciendo una vigilia de varios días. Tras arduas negociaciones y la modificación de cerca de 100 artículos del texto original, se logró el acuerdo político. La Constitución se aprobó en enero de 2009 mediante consulta popular, con 61% de apoyo.

En el segundo periodo de gobierno (2010-14), el MAS alcanzó la mayoría con dos tercios de los escaños en ambas cámaras de la ALP, y también obtuvo la mayoría de gobernadores afines. Sin embargo, esta vez el gobierno debió enfrentar pugnas y disputas desde sus bases sociales, en episodios como el gasolinazo, en diciembre de 2010. Este consistió en la eliminación de la subvención a los precios de los hidrocarburos, provocando el descontento de sectores populares, sobre todo en las ciudades de La Paz y El Alto, reductos de apoyo electoral del MAS. Sin haber logrado acuerdos, el 31 de diciembre el gobierno derogó la medida. En septiembre de 2011 volvió a enfrentarse a un conflicto de gran alcance por el proyecto para construir una carretera en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure (Tipnis). Los pueblos indígenas articulados en la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob) rechazaron el proyecto y realizaron una marcha hacia La Paz que articuló a amplios sectores de las clases medias urbanas. Para el gobierno, significó el distanciamiento temporal con una parte fundamental de su apoyo organizado.

La tercera gestión del MAS se desenvolvió en un escenario político más pluralista porque, a pesar de que tuvo mayoría en la ALP, en la esfera nacional se rodeó de múltiples fuerzas opositoras con discursos y agendas muy diversas. En las elecciones subnacionales de 2015, el MAS triunfó en seis departamentos, pero perdió las gobernaciones de La Paz, Santa Cruz y Tarija. Las principales ciudades también eligieron alcaldes opositores. En el ámbito económico, el gobierno se enfrentó al desafío de mantener la estabilidad conseguida en sus dos gestiones anteriores, a pesar del contexto internacional adverso.

Tras las últimas elecciones, el MAS se enfrenta a un nuevo bloque opositor, conformado por Comunidad Ciudadana y Creemos en la ALP y en tres de los nueve departamentos. En la cámara de diputados, el MAS obtiene 73 de los 130 escaños, Comunidad Ciudadana, 41, y Creemos, 16. En el Senado, los 36 escaños se dividen en 21 para el MAS, 11 para Comunidad Ciudadana y 4 para Creemos. En el nivel departamental, el MAS gana en seis de nueve departamentos, mientras Comunidad Ciudadana gana en Beni y Tarija, y Creemos se consolida como nueva fuerza en Santa Cruz. Al no tener dos tercios de la ALP, el MAS está obligado a negociar, lo que constituye un reto tras las fisuras y la polarización generadas desde 2016 y agudizadas en el último año. Las evidencias dejan ver que Comunidad Ciudadana expresa una tendencia con mayor vocación democrática que Creemos y su líder, Camacho, quien desde Santa Cruz ha instalado un discurso conservador con tintes racistas y religiosos apoyado en un Comité Cívico que rechaza el modelo de Estado impulsado por el MAS. Sin embargo, los departamentos de Tarija y Beni apuestan por posturas menos radicales, al haber votado mayoritariamente por Comunidad Ciudadana.

La ALP ha renovado casi todos sus cuadros, con la presencia de una nueva generación de políticos que provienen en su mayoría del activismo y la dirigencia. En el caso del MAS, hay una renovación total de la bancada, con diputados y senadores que en su mayoría vienen de las organizaciones sociales que forman el Pacto de Unidad, como el caso de Andrónico Rodríguez y Leonardo Loza, senadores electos por Cochabamba y provenientes del movimiento cocalero del Chapare. Mientras, en los dos partidos opositores hay figuras que surgieron en la defensa del 21-F y alrededor de causas como el Tipnis.

Las señales del nuevo gobierno apuntan a pensar que existe predisposición al  diálogo. Aunque aún está por verse el nuevo esquema decisional, Arce ha expresado la voluntad de conversar con todos y tener como prioridad la reactivación económica del país, lo cual ha sido bien recibido por amplios sectores, que han expresado su apoyo, entre los que se encuentran la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia. Respecto al papel que desempeñará Morales, Arce ha dicho que si bien en el gobierno no tiene ninguna participación, su papel como presidente del MAS es fundamental, y añadió en una entrevista en El País: “En este tiempo nos hemos dado cuenta de que fallamos al no fortalecer las instancias del propio MAS. Él puede contribuir en las relaciones [del gobierno] con las organizaciones sociales”.

En este contexto, el binomio Arce-Choquehuanca asume el mando del gobierno el 8 de noviembre, día en el que Bolivia pondrá fin a un corto pero intenso paréntesis de sus 38 años de democracia.