Ejecutivo y legislativo peruano: crisis y nuevos actores

Después del cierre constitucional del Congreso peruano en septiembre de 2019 y el debilitamiento del fujimorismo –principal fuerza opositora al presidente, Martín Vizcarra–, parecía que el nivel de conflicto entre el poder legislativo y el ejecutivo iba a disminuir. Sin embargo, a diez meses de dejar el poder, el Congreso peruano debatirá la posibilidad de vacar al presidente.

A pesar de que los parlamentarios han adelantado que no se llegará a los votos para que se logre la vacancia, este es solo un pico de la larga tensión entre los congresistas y el presidente. En este artículo intentaré resumir cómo se ha llegado a este punto de inestabilidad política, a través del escalamiento de conflictos, y un análisis sobre el papel de los nuevos actores ante esta crisis, en un escenario económico y social trágico. Cabe señalar que Perú es el país con mayor mortalidad por Covid-19 por millón de habitantes, según la Organización Mundial de la Salud, mientras el Banco Mundial indica que será el país con la mayor caída de PIB en Suramérica en 2020. Parece que esto no es suficiente para la clase política, porque siempre es posible estar peor.

Un conflicto ascendente

El nuevo y corto Congreso tiene algunas particularidades: se instaló en un escenario de pandemia (su juramentación en marzo fue privada); cuenta con una alta fragmentación (nueve partidos políticos); tiene un corto tiempo de trabajo, menor a dos años (hasta julio de 2021); y el presidente no cuenta con representación parlamentaria. Por lo que, otra vez, la popularidad es el principal activo político de Vizcarra. Y todo ello en un contexto de escalada del conflicto entre los poderes legislativo y ejecutivo, como evidencian el manejo económico durante la pandemia, el control político y la reforma política.

Perú fue de los primeros países en América Latina en proponer un estado de emergencia con una cuarentena muy restrictiva y, a pesar de una serie de errores, la popularidad del presidente subía. En abril, Vizcarra contaba con una aprobación del 82%, según Datum Internacional. Sin embargo, las decisiones del ejecutivo fueron mostrando resultados cada vez más ineficientes, pues el número de contagiados y muertes iba en aumento, superando a países que no habían tomado medidas tan drásticas de confinamiento.

Por su parte, los parlamentarios intentan “cooperar” desde su tribuna. En sus primeros 20 días de asunción del cargo, se presentaron 69 proyectos legislativos referidos a la emergencia sanitaria, según la Asociación Civil Transparencia. Con el tiempo, las propuestas legislativas se fueron radicalizando. Los congresistas fueron proponiendo y aprobando medidas como la congelación del pago de deudas, el retiro de la totalidad de las pensiones, la eliminación de intereses bancarios. Propuestas que no nacían de un análisis técnico serio, sino de la búsqueda de apoyo popular, a pesar de que instituciones especializadas como el Banco Central de Reserva del Perú y la SBS señalan que este tipo de proyectos de ley ponen en serio riesgo la estabilidad del sistema financiero y económico. Comenzaban a materializarse así las diferencias entre el legislativo y el ejecutivo no solo respecto al manejo de la crisis sanitaria, sino sobre otros asuntos.

A mediados de julio, la popularidad de Vizcarra se desplomaba. Como único activo político y como manera de oxigenar al ejecutivo y darle otra cara, el presidente decidió cambiar el gabinete de ministros. Propuso a Pedro Cateriano como nuevo presidente del consejo de ministros. Estábamos ante el primer gabinete que debía ser ratificado por el nuevo Congreso. Y por primera vez en 19 años de democracia, los parlamentarios no le otorgaron la confianza al nuevo gabinete. Debido a que es su último año en el poder, al presidente solo le quedaba aceptar la decisión del Congreso y cambiar al gabinete y su premier. El gabinete Cateriano no duró ni un mes. Walter Martos, militar retirado, entraba al poder.

“Hasta a Vizcarra le han sacado la inmunidad. Ya se cagó ese concha de su madre”. Esta expresión vulgar se comprende en Perú como una manera de decirle a alguien que está en problemas y fue dicha por un congresista tras haber votado eliminar la inmunidad del presidente. La reforma política ha sido uno de los principales puntos de la agenda de Vizcarra y, sin duda, es la que más conflictos le ha generado. La aprobación de las leyes de la reforma política se realiza a cuenta gotas, con Vizcarra presionando de manera permanente. Muestra de ello es que Vizcarra propuso realizar un referéndum para eliminar la inmunidad parlamentaria e impedir la postulación a cargos públicos a personas sentenciadas por corrupción. Posterior a este mensaje, el Congreso aprobó ocho modificaciones a la Constitución, entre ellas la eliminación de la inmunidad del presidente y de los ministros. Por otro lado, el día que se votaba el impedimento de la postulación a cargos públicos de candidatos con sentencias de corrupción, el presidente de la comisión de fiscalización y parlamentario de Unión por el Perú, Edgard Alarcón, interrumpió la sesión para entregarle al presidente del Congreso audios que comprometían a Vizcarra.

Los nuevos actores

Richard Cisneros es un cantante que comenzó a ser investigado después de que se difundiera en la prensa los contratos que mantuvo con el ministerio de Cultura. En estos se indica que cobró 30.000 soles (aproximadamente 10.000 dólares) por realizar charlas motivacionales durante el estado de emergencia. En uno de los audios presentados por el parlamentario Alarcón se escuchaba al presidente coordinar con su equipo sobre las visitas de Cisneros al Palacio de Gobierno. Estos audios fueron reproducidos en el hemiciclo del Congreso de la República y subidos a las redes sociales. A partir de los mismos, comenzaron a escucharse voces de una posible vacancia del presidente. Al día siguiente de la presentación de estos audios, se votó la admisión de vacancia del presidente, con 66 votos a favor. Más allá de encontrar la culpabilidad o no del presidente, considero que es importante tomar en cuenta el papel de dos instituciones que están influyendo en la relación entre el ejecutivo y el legislativo: las fuerzas armadas y el Tribunal Constitucional (TC).

El medio peruano IDL Reporteros indicó que después de la reproducción de los audios, el presidente del Congreso, Manuel Merino, llamó a dos comandantes, uno de la Marina de Guerra y otro del Comando Conjunto. Ante esta información, el ministro de Defensa señaló que “la actitud del presidente del Congreso ha sido temeraria, al pretender involucrar a las fuerzas armadas en un proceso político”. Por su parte, Merino señaló que buscó comunicarse con los comandantes para llamar a la calma.

El papel de los militares en la política ha ido en aumento en este gobierno. Lejos de su participación en golpes de Estado en el pasado, las fuerzas armadas están tomando un papel legitimador y de respaldo de las acciones políticas en Perú. Su primera aparición importante fue en una foto de Vizcarra con los principales mandos militares después de su mensaje a la nación del cierre del Congreso en 2019. Ahora, su participación junto al premier y los ministros replica lo sucedido en septiembre del año pasado. El uso político de los militares brinda respaldo al jefe de Estado, pero no se tiene en cuenta que ello supone un papel más activo de las fuerzas armadas en la política. Un papel que no tendría que darse en un país democrático. Cabe señalar que ha sido positivo que no se haya presentado un grupo militar que haya apoyado públicamente a Merino, por lo que se demuestra unidad dentro de esta institución.

Por otra parte, el TC ha sido involucrado en las tensiones entre el ejecutivo y el legislativo. La interpretación de la vacancia por una permanente incapacidad moral, declarada por el Congreso, expuesta en el artículo 113° de la Constitución, es cuestionada por diversos abogados por la dificultad de determinar qué se comprende como una inmoralidad. Bajo esta misma modalidad se buscó vacar al presidente Pedro Pablo Kuczynski y se ha planteado ahora para Vizcarra. Considero que este artículo da pie a un uso peligroso de la destitución de la más importante autoridad elegida por voto popular.

Ante la aprobación de la moción de vacancia presidencial, el poder ejecutivo presentó una demanda competencial y una medida cautelar al TC. La demanda competencial busca que el TC esclarezca cómo debe interpretarse la causal de incapacidad moral permanente. Esta fue admitida a trámite. Por otro lado, la medida cautelar buscaba paralizar el procedimiento de vacancia hasta que el TC defina qué se comprende como una permanente incapacidad moral. Sin embargo, esta medida fue rechazada. En este sentido, se puede observar que el TC va aumentando su impacto político y su influencia en la relación entre los poderes legislativo y ejecutivo. Se considera así que la dinámica política se va judicializando.

En conclusión, el conflicto está lejos de acabarse. Como se ha mostrado, ha ido escalando y no tiene signos de llegar a un buen puerto. Esto puede explicarse por la falta de actores legislativos del oficialismo, que ayuden a generar coaliciones o alianzas para gobernar. Vizcarra intenta gobernar sin ningún apoyo en el Parlamento, un hecho que complica, y mucho, su mandato. Todo ello al tiempo que otras instituciones ganan importancia en la relación entre el Parlamento y el presidente, como las fuerzas armadas y del Tribunal Constitucional. Habrá que tenerlos en cuenta para los próximos análisis políticos.