La insubordinación de la región de Tigray y las protestas de la etnia oromo, acrecentadas tras el asesinato de una de sus principales figuras, el cantante Hachalu Hundessa a finales de junio, amenazan el modelo etnofederal de Etiopía, el segundo país más poblado de África –110 millones de habitantes–, y dificultan las reformas emprendidas por el primer ministro, Abiy Ahmed, hace dos años. En el exterior, Abiy mantiene un litigio con Egipto por el llenado de la Gran Presa Etíope del Renacimiento (GERD), en el que media la Unión Africana (UA), mientras consolida el acuerdo de paz con Eritrea, que le valió el premio Nobel de la Paz del 2019.
Las elecciones federales y regionales, previstas para el 29 de agosto pero aplazadas por la Comisión Electoral Etíope hasta el año 2021 a causa de la pandemia del Covid-19, se presentaban como un plebiscito para Abiy, que concurriría con el Partido de la Prosperidad (PP), una formación heredera del Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope (EPRDF). En el PP, creado el pasado diciembre, se integraron tres de las cuatro formaciones de la coalición EPRDF, que había sido hegemónica desde la caída del régimen marxista presidido por Mengistu Haile Mariam, en mayo de 1991. Apoyaron la propuesta de integración en la nueva formación, el Partido Democrático Amhara (ADP), el Partido Democrático Oromo (ODP) y el Movimiento Democrático de los Pueblos del Sur de Etiopía (SEPDM). El Frente de Liberación del Pueblo de Tigray (TPLF) no aceptó el plan, en una demostración más del malestar de sus dirigentes con las reformas de Abiy y su pérdida de influencia en el gobierno federal.
El TPLF había sido la fuerza dominante en la coalición EPDRF, y por tanto en las estructuras del Estado, desde la toma del poder en 1991 hasta hace dos años, cuando Abiy sustituyó a un primer ministro, Hailemariam Desalegne, que se había mostrado incapaz de acabar con las protestas de las comunidades oromo y amhara. Desalegne, perteneciente a la etnia wolayta, había continuado la política diseñada por el carismático Meles Zenawi, el primer ministro muerto prematuramente en 2012, a los 57 años. Una vez llegado a Addis Abeba al frente del TPLF, Zenawi, pragmático, había abandonado el marxismo-leninismo de su etapa guerrillera para abrir el país a las inversiones extranjeras, aunque manteniendo un fuerte sector público; organizar el Estado en regiones de cariz étnico, y mantener unas excelentes relaciones con los Estados Unidos. Rodeado, eso sí, de sus hombres de confianza, en gran parte de la etapa en que combatían en las montañas del Tigray, y cortando de raíz cualquier contestación.
La ruptura de los dirigentes de Tigray con Abiy no es una buena noticia para una Etiopía que ve como su proyecto etnofederal se resquebraja. El TPLF, encabezado por Debretsion Gebremichael, sigue teniendo una gran influencia en el aparato del Estado que modeló a su conveniencia durante casi 30 años. Y al mismo tiempo, su reducto, Tigray, receptor de grandes inversiones con Zenawi, mantiene una disputa territorial con la vecina región de Amhara, en la que los agravios mutuos son exacerbados por los políticos de las dos regiones. Como destaca en un informe International Crisis Group, ninguna parte busca el compromiso, y mucho menos Tigray, que rechaza la comisión federal de fronteras establecida en diciembre del 2018.
La cuestión oromo es la más delicada para Abiy, que en los primeros meses de su mandato consiguió el apoyo de gran parte de su propia comunidad al liberar a los presos políticos, permitir el regreso de exiliados y sacar de la lista de organizaciones terroristas al Frente de Liberación Oromo (OLF). Entre los regresados destacaba Jawar Mohamed, exiliado en EEUU hasta agosto del 2018. Jawar, fundador del influyente Oromo Media Network, fue detenido durante las manifestaciones de protesta por el asesinato de Hachalu.
Al igual que su antecesor, Abiy parece incapaz de frenar las protestas de los oromos, la primera etnia del país (unos 35 millones), que se siente discriminada desde su incorporación al imperio etíope por parte del emperador Menelik II (1844-1913). Por esta razón, Hachalu había pedido la retirada de la estatua de Menelik II en Addis Abeba. Si para los oromos Menelik II representa el comienzo de su marginación, para el nacionalismo etíope es el símbolo de su esplendor, cuando el imperio fue capaz de derrotar a las tropas italianas en la batalla de Adua, en 1896.
Los problemas territoriales no se limitan a Tigray y Oromia, homogéneas étnicamente. La Región de Naciones, Nacionalidades y Pueblos del Sur (SNNP), en la que conviven 56 grupos étnicos, sufrió la primera secesión, al decidir los habitantes de Sidama en referéndum su separación, el pasado diciembre. Sidama, con capital en Hawassa, se convirtió en la 10ª región de Etiopía. Un ejemplo que puede ser seguido por Wolayta, que prepara el plebiscito para dejar dicha región multiétnica.
La Constitución de 1995, en cuyo preámbulo se puede leer “nosotros, las Naciones, Nacionalidades y Pueblos de Etiopía”, reconoce el derecho de autodeterminación en su artículo 39. Un derecho al que se invocó en Sidama para dejar la Región de Naciones, Nacionalidades y Pueblos del Sur. No obstante, la separación de un territorio interno, para constituir una nueva Región, no supone desmembrar Etiopía, tan solo reajustar la organización territorial. Aunque el derecho a la autodeterminación figura en la Constitución, la independencia no sería permitida por un poder central que se considera heredero de una Etiopía durante siete siglos imperial y desde 1975 republicana, que nunca fue colonizada por las potencias europeas y repelió las agresiones externas, tanto la de Italia a finales del siglo XIX como la de Somalia, en 1978.
¿Nacionalismo étnico o cívico?
El primer ministro reconoce los agravios históricos que han sufrido algunas etnias, pero aboga por la unidad y promueve un “nacionalismo cívico”, sin desdeñar el de cariz étnico. Es uno de los puntos de su ideología, denominada “medemer”, que podría ser traducida del amhárico por adición o sinergia. La creación del Partido del Progreso iría en este sentido, al enterrar una coalición de formaciones étnicas.
La apuesta económica de Abiy es el Howegrown Economic Reform Program, apoyado financieramente por el Fondo Monetario Internacional, que establece, entre otros puntos, una mejor gestión del sector público, una política monetaria que controle la inflación, la apertura a los capitales foráneos en sectores clave como el transporte, la logística y las telecomunicaciones, y la continuidad del Productive Safety Net Program, que ha reducido de forma notable la pobreza, sobre todo en las zonas rurales. En infraestructuras, el salto de Etiopía en los últimos diez años ha sido impresionante, con la construcción, en gran parte por empresas chinas, de carreteras, aeropuertos, el metro ligero de Addis Abeba y el tren que une la capital con la vecina Yibuti. La pandemia cortará la racha de crecimiento sostenido de más del 7%, que este año, según el FMI, se situará en el 3,2%
En el litigio que mantiene con Egipto, a causa de llenado de la presa GERD, Abiy se ha encomendado a la mediación de la UA, presidida por el surafricano Cyril Ramaphosa. Con Eritrea, las relaciones son fluidas, como se puso de manifiesto en la visita a Asmara, a mediados de julio, en la que se celebró el segundo aniversario del acuerdo de paz suscrito por el presidente eritreo, Isaias Afewerki, y Abiy. Una visita que se puede interpretar como una alianza entre dos estadistas interesados en aislar al Frente de Liberación del Pueblo de Tigray, al que consideran una amenaza. Tigray tiene frontera con Eritrea.