La pandemia reinventa el narcotráfico

La elegante colonia de las Lomas de Chapultepec en Ciudad de México, con sus amplias avenidas arboladas y grandes mansiones y embajadas amuralladas como fortalezas, es una de las zonas mejor resguardadas del Distrito Federal. De ahí la alarma que provocó entre los chilangos, como los mexicanos llaman a los capitalinos, el atentado del 26 de junio contra Omar García Harfuch, jefe de la policía de la capital, por un comando de una treintena de hombres armados hasta los dientes del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la mayor organización criminal del país.

Bajo la lluvia de balas, nadie abandonó el vehículo, diseñado para soportar ese tipo de ataques, lo que evitó una tragedia peor, pero García Harfuch recibió tres balazos: en la clavícula, la rodilla y el hombro. En medio del fuego cruzado, murieron dos de sus escoltas y una vendedora callejera de tacos.

Los sicarios huyeron dejando chalecos antibalas, pistolas, un lanzagranadas que no utilizaron, más de 400 casquillos y cinco fusiles Barrett adquiridos en armerías de Estados Unidos, como el 70% de las armas capturadas a las bandas –unas 150.000 entre 2007 y 2018– por las fuerzas de seguridad mexicanas.

Fue la primera vez que los narcos utilizaron en el DF fusiles de asalto y granadas de fragmentación. Y todo ello en el Paseo de la Reforma, muy cerca de la residencia del embajador de EEUU. Las balas de alto calibre llegaron hasta más de un kilómetro, atravesando los muros de algunos edificios.

La policía detuvo a las pocas horas a una docena de sicarios, que apenas habían sido entrenados en el manejo de armas de gran calibre. Tampoco conocían la ciudad. Procedían de cinco Estados diferentes y llegaron a la ciudad pocos días antes del ataque. Desconocían a quién tenían que matar. Solo les dijeron que era una operación suicida y que sus familias cobrarían unos 4.000 euros.

Abrazos y no balazos

La demostración de fuerza de los narcos jaliescenses ha dejado malherida la estrategia de seguridad del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, basada en su lema electoral “Abrazos, no balazos”. El 11 de mayo, sin embargo, firmó un decreto que extiende la presencia militar en las calles al menos hasta 2024.

México convive hoy con casi 100 homicidios diarios. Ni siquiera en los peores años de la guerra contra los carteles declarada por Felipe Calderón (2006-2012), tan criticada por López Obrador, se había vivido nada parecido. Hasta ahora los grandes narcos habían evitado hacerse notar demasiado en el DF porque, entre otras cosas, varios viven y necesitan hacer ahí discretas operaciones de lavado de dinero. El pacto tácito con la policía era vive y deja vivir.

Sin violencia, nadie les molestaría. La llegada de García Harfuch cambió las reglas del juego. Pero Jalisco nunca pierde. Ni perdona. Según Raúl Benítez, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México y experto en narcotráfico, el CJNG necesitaba vengarse de él por la ayuda que dio a la DEA, la agencia antidroga de EEUU, en una operación que llevó a la detención de 600 de sus sicarios y la incautación de 20.000 kilos de drogas y 22 millones de dólares en efectivo.

En junio, la Unidad de Inteligencia Financiera federal congeló 2.000 cuentas bancarias del cártel que habían movido unos 1.000 millones de dólares en los últimos meses. Así, no resulta extraño que marzo haya sido el mes más violento desde que se comenzaron a llevar registros oficiales, en 1997. En junio, sicarios asesinaron a un juez federal en Colima, Uriel Villegas, y el 1 de julio masacraron a 26 personas en una clínica de rehabilitación de Irapuato (Guanajato).

‘Capo di tutti capi’

En solo cinco años, el CJNG se ha alzado con el disputado trono del crimen organizado mexicano, que quedó vacío tras la extradición a EEUU en 2017 de Joaquín El Chapo Guzmán, jefe del cartel de Sinaloa. Como siempre, a rey muerto, rey puesto: Nemesio Oseguera, El Mencho, jefe del CJNG, es ya el narco más buscado por el gobierno mexicano y la DEA, que ofrece 10 millones de dólares por su cabeza.

Los jalisiences 2.0 son una célula escindida del cártel de Sinaloa. La caída de El Chapo convenció a El Mencho que había llegado el momento de hacerse con su corona y consagrarse como capo di tutti capi al sur del río Grande. En mayo de 2015, cerca de Guadalajara, sus hombres derribaron con un RPG ruso un helicóptero del ejército que transportaba a 16 comandos de elite y dos policías federales que iban a capturar a Oseguera. Todos murieron calcinados.

El CJNG controla hoy buena parte del robo y contrabando de gasolina y otros combustibles –el huachicoleo– de los oleoductos que parten de los Estados del Golfo, un negocio que mueve miles de millones de dólares. García Harfuch, un hombre de acción de 38 años con una larga trayectoria en la policía federal, envió un primer aviso a Oseguera cuando envió a la Marina a Tepito, el “barrio bravo” de la capital, poco después de llegar al DF. La guerra estaba declarada.

Pan y circo en América Latina

Debido a la pandemia, el negocio del narcotráfico, la piedra angular financiera de los imperios criminales latinoamericanos, ha sufrido restricciones a las que no estaba acostumbrado. De un momento a otro las fronteras se cerraron y los precursores químicos procedentes de China, imprescindibles para sintetizar metanfetaminas y opiáceos, dejaron de llegar a los puertos mexicanos.

El poder del narco latinoamericano, sin embargo, se ha mantenido intacto. El 15 de mayo, el Complexo do Alemão, una de las mayores favelas de Río de Janeiro, se despertó con el ensordecedor estruendo de explosiones de granadas, tiroteos y el paso de blindados. Era una nueva incursión de la BOPE, las fuerzas de élite de la policía carioca, para capturar a los cabecillas de una banda de la favela. Cuando terminó la operación, habían muerto 13 personas. La BOPE incautó ocho ametralladoras pesadas.

En sus libros sobre el Comando Vermelho (CV), la mayor banda de Río, y el paulista Primeiro Comando da Capital (PCC), la organización criminal más poderosa de São Paulo, Bruno Paes Mans asegura que las bandas tienen sus propios “yihadistas suicidas”. “La diferencia es que los nuestros prefieren ir a prisión o morir antes de los 25 años antes que someterse a un sistema que los humilla y oprime”, dice.

El PCC, con sus 35.000 bautizados (miembros), tiene ritos secretos de iniciación, jerarquías verticales y normas estrictas cuya violación se paga con la muerte. Así, no extraña que controlen decenas de prisiones y favelas. Según el fiscal de São Paulo, Lincoln Gakiya, el PCC vende un kilo de cocaína en Europa por entre 25.000 y 30.000 euros el kilo. En Brasil lo hace por 2.200 euros. La banda deja la droga en los puertos, donde la recogen mafias –italianas, nigerianas, serbias, albanesas…– que se quedan el 40% y pagan el resto en euros al precio de venta. Según Gakiya, la banda ha logrado crear en la periferia paulista un tejido de complicidades similar al que Pablo Escobar creó en barrios populares de Medellín como Envigado. “El PCC distribuye regalos el Día de la Madre, juguetes en el Día del Niño. Es pan y circo”, explica Gakiya.

Nuevos tiempos

Según un informe de la Fundación Pares, en la frontera entre Colombia y Venezuela operan al menos 28 grupos armados dedicados al tráfico de drogas, armas, oro y contrabando de gasolina. Es una tragedia para casi todos.

La demanda de cocaína de los países consumidores significa miles de hectáreas deforestadas en la Amazonía, la contaminación de ríos y lagos por gasolina y ácidos sulfúrico y clorhídrico, la invasión de los territorios de comunidades nativas por narcos, sicarios y colonos, y el financiamiento con dinero sucio de redes criminales y organizaciones terroristas.

Al principio de la pandemia, la United Nations Office on Drugs and Crime (Unodc) señaló que los cierres económicos y de fronteras iban a hacer estragos en las cadenas de suministro del narcotráfico, privándolo de insumos químicos y de medios y canales para llevar la mercancía a su principal mercado, EEUU, que gasta anualmente unos 150.000 millones de dólares en sustancias ilegales.

La mayor presencia policial, los toques de queda y las restricciones a los flujos migratorios son malos para los negocios ilegales. La clausura de bares, restaurantes y clubes nocturnos les priva, por otra parte, de puntos de venta y canales de distribución. Con menos contenedores que revisar en los puertos, son mayores los riesgos de que se descubran los alijos ocultos.

La cocaína depende del transporte marítimo mucho más que otras drogas. Los brasileños envían cocaína a Europa a través de Guinea Bissau y Senegal, cuyos puntos de tránsito han quedado cerrados por la crisis. De China provienen la acetona y el permanganato de potasio, sin los que las cocinas de los narcos son inservibles. En Colombia, la policía ha aprovechado la pandemia para acelerar la erradicación de cultivos.

De hecho, en algunas ciudades de EEUU como Miami, Atlanta, Nueva York y San Francisco, la cocaína está más cara que antes, reflejando una caída de la oferta. Según un análisis de la policía de Colombia que contó con el apoyo de Europol, Interpol, Frontex y la DEA, en lo que va de año el valor de un kilo de cocaína ha aumentado entre un 150% y 220% y las dosis entre un 25% y 45% de media en varios países desarrollados. En Francia, el gramo pasó de 60 a 100 euros y en Croacia, el kilo de 33.000 a 40.000 euros.

En el primer trimestre, Unodc informó de incautaciones de 17,5 toneladas de cocaína en países suramericanos que iban a ser embarcadas hacia Europa. En Rotterdam, las capturas de cocaína llegaron a las 6,6 toneladas, frente a las 4,1 del primer trimestre de 2019. Según la consultora InSight Crime, el precio de un kilo de cocaína en ese puerto holandés ha aumentado de 25.000 dólares en diciembre de 2019 a los 32.000 dólares actuales.

El problema es que todo ello significa también mayores márgenes de beneficio para los carteles. Entre enero y abril la US Customs and Border Protection decomisó menos cocaína pero mayores volúmenes de heroína, metanfetaminas y fentanilo. Según algunos expertos, la soledad, el estrés y las penurias económicas del confinamiento han exacerbado el abuso de drogas, como refleja el aumento de muertes por sobredosis en varios países.

‘Narco-deforestación’

Si algo ha demostrado la guerra contra las drogas, que declaró hace ya medio siglo Richard Nixon, es que cuando una ruta se cierra, casi siempre se abre otra. Así, cuando la DEA y el Comando Sur del Pentágono cerraron la ruta del Caribe, los narcos abrieron la del Pacífico. Hoy el 90% de la cocaína que se consume en EEUU atraviesa Guatemala, donde los narcos compran ranchos ganaderos en zonas deforestadas para lavar su dinero.

Según un reportaje de The Washington Post, la región guatemalteca del Petén –de 38.000 kilómetros cuadrados en la frontera con México y que alberga el mayor bosque lluvioso centroamericano, cuna de la civilización maya– se ha convertido en los últimos años en la nueva autopista del narcotráfico. Solo el año pasado la policía guatemalteca encontró 50 aviones abandonados en la zona. Un narcopiloto puede ganar hasta medio millón de dólares por un vuelo coronado con éxito, que a veces puede transportar hasta 120 millones de dólares en cocaína. El riesgo lo amerita. La policía guatemalteca encontró en 2019 los cuerpos de una docena de ellos muertos en malos aterrizajes o despegues.

En enero, un grupo de soldados capturó en el parque natural de Laguna del Tigre en el Petén un Hawker Siddeley i25 con unos 1.700 kilos de cocaína. El presidente, Alejandro Giammattei, ha denunciado que los narcos están provocando incendios forestales para construir pistas de aterrizaje en la reserva natural –de una gran biodiversidad, que incluye jaguares y guacamayos–, que ha perdido un 20% de su floresta por la narco-deforestación.

Criminales y benefactores

Ioan Grillo, autor de Gangster Warlords (2016), escribe en The New York Times que si alguien ha salido ganando de la pandemia son los gigantes tecnológicos, la industria farmacéutica y los carteles de la droga.

Los narcos han sabido siempre diversificar sus negocios, incursionando en el secuestro, la prostitución, la extorsión y el tráfico de armas y personas. Según Grillo, en Guerrero y Sinaloa los carteles han impuesto hoy sus propios confinamientos y cuarentenas.

En diversas zonas de México, los carteles ya ejercían su propia justicia, expeditiva y brutal, castigando con torturas y palizas a ladrones y violadores. Ahora han añadido a sus rudimentarios sistemas tributario y penal otro de asistencia social, repartiendo alimentos en cajas que llevan ostensibles etiquetas con los nombres del Cartel del Golfo o La Familia Michoacana. En las favelas cariocas y paulistas, el CV y el PCC han distribuido jabón y desinfectantes.

Aunque en Perú y Bolivia los precios de la hoja de coca se han desplomado hasta un 73%, Jaime García, investigador de la Universidad Católica del Perú, teme que la recesión, que contraerá este año un 12% la economía nacional, puede provocar un nuevo boom de cultivos clandestinos. Es lógico.

Para muchos agricultores la coca puede ser la única alternativa de evitar la ruina. La producción de la hoja alcanzó en 2019 volúmenes sin precedentes. La crisis económica, por otra parte, va a empujar a más jóvenes desempleados a los brazos de las bandas. En 2008-09, la recesión redujo los envíos de remesas del exterior y disparó el desempleo, lo que desencadenó una ola de violencia delictiva en México y Honduras.