Covid-19 en México: las múltiples aristas de la crisis

La crisis provocada por el Covid-19 en México ha sido equiparada, dado su impacto en el país, con la Gran Depresión. Las implicaciones de esta crisis global de dimensiones históricas tendrá un efecto particularmente nocivo sobre la economía mexicana, que ya se encontraba en un momento de gran fragilidad antes de la pandemia. De ahí que la respuesta en términos de política económica vaya a definir el rumbo y la recuperación del país, a corto, medio y largo plazo. Pero las consecuencias no serán exclusivamente económicas. Hay una multiplicidad de aristas a partir de las cuales es posible observar sus efectos, desde la esfera social, político-electoral o el terreno de la criminalidad.

Impacto económico

Paulatinamente, la economía mexicana comienza a sentir los efectos económicos del Covid-19. Si bien México fue uno de los últimos países en América Latina en adoptar medidas estrictas de aislamiento social –interpretado como un reflejo de la poca determinación para afrontarlo–, el sistema de salud no se ha visto rebasado. Con todo, ya desde 2018 la economía mexicana había comenzado a dar señales de debilitamiento, y durante todo 2019 el país se vio amenazado por la sombra de la recesión económica. Esto quedó confirmado por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) el pasado trimestre, cuando la economía cayó en 1,6%.

Sin embargo, es ahora cuando comienzan a sentirse de manera más profunda los estragos socioeconómicos del Covid-19 sobre una economía que ya venía desacelerándose desde hace más de un año. Ante el nuevo escenario internacional, tomando en consideración el desempeño económico previo a la pandemia, no es de sorprender el pronóstico realizado por Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que anunció una caída de la economía mexicana de hasta el 6,5% en 2020, una de las más pronunciadas en América Latina y el Caribe –una región para la cual se espera una contracción mínima histórica de alrededor del 5,3%–. No se habían registrado contracciones de esta magnitud en la economía mexicana desde la crisis hipotecaria gestada en Estados Unidos durante la primera década del siglo XXI, cuando México llegó a reportar una caída del 5,3% de su producción en 2009. En la actualidad, la economía nacional pasa por una situación similar, esta vez impulsada por una pandemia que ha demostrado de nuevo la fragilidad de la estructura económica del país.

Una buena parte de la caída en la producción mexicana es consecuencia de la pérdida de dinamismo sufrida por el sector terciario –uno de los sectores más influyentes en la composición del PIB– ante las medidas de aislamiento social. Asimismo, la contracción de la demanda estadounidense, específicamente en lo referente a manufacturas mexicanas –otra de las grandes actividades de la economía nacional, teniendo en cuenta que EEUU es el socio comercial más importante–, ha traído como consecuencia la devaluación del peso en un 13,3%. La desaceleración comercial también ha tenido como consecuencia la parálisis de las cadenas de valor, sobre todo a nivel internacional. En años anteriores, las manufacturas han llegado a representar hasta un 90% de las exportaciones totales de México. Y otra partida que se espera pueda verse afectada por el Covid-19 son las remesas. De acuerdo con el Observatorio Migración México de BBVA, estas podrían caer entre un 17% y 21%, con efectos adversos para el crecimiento y desarrollo de algunos de los estados más vulnerables del país, como Guerrero, Oaxaca o Michoacán, donde la llegada de remesas proveniente de EEUU alcanza hasta un 10% de sus respectivos productos internos brutos.

«Las manufacturas han llegado a representar hasta un 90% de las exportaciones totales de México»

A todo esto se suma la caída del precio de petróleo a nivel internacional, lo cual terminó por arrastrar el crudo mexicano a 14,5 dólares por barril, afectando nuevamente a las reservas internacionales del país (desde 2019, Petróleos Mexicanos había tenido problemas con calificadoras nacionales e internacionales, motivo por el cual aumentó la desconfianza de inversionistas y la salida de capitales).

Ante esta situación proliferan las advertencias sobre el crecimiento de la pobreza y el desempleo, pues la crisis actual no ha hecho más que poner en evidencia diversos problemas estructurales, como la falta de un sistema de protección universal o la ausencia de reformas laborales que permitan la defensa de los trabajadores. De ahí que la Cepal estime que México sea el país con mayor incremento de pobreza en América Latina, sobre todo de la pobreza extrema. Se estima que esta aumentará alrededor de un 4,8%, por lo que para finales de 2020 casi cinco de cada 10 mexicanos podrían caer en condiciones de pobreza.

Por último, cabe señalar que la respuesta del Banco de México ante la difícil situación del país no se ha hecho esperar. Con todo, ni la liberación de dólares para contener la caída del tipo de cambio ni la disminución de la tasa de interés objetivo del 7% al 5,5% parecen ser suficientes para evitar el mal escenario que se avecina en la segunda mitad del año.

Pese a que la gestión de la crisis no haya implicado un cierre completo de la actividad, ni siquiera durante los puntos más álgidos de contagio, la difícil situación económica que vive el país es mayoritariamente consecuencia del Covid-19. Esto hace que los indicadores analizados sean aún más relevantes, toda vez que la crisis económica que se avecina parece ser más aguda que la de otros países que sí han aplicado medidas más restrictivas a sus actividades económicas y sociales. Por consiguiente, habrá que poner especial atención al paquete de reactivación económica que se pretende poner en marcha, a fin de evitar una crisis más profunda que la de 2009.

Evaluación gubernamental

Dadas las dificultades para medir el impacto de la crisis y la gestión gubernamental a través de medios convencionales, diversas encuestadoras recurrieron a estrategias alternativas no presenciales. El 26 de abril, la encuestadora Buendía&Laredo publicó la Encuesta Nacional de Opinión Pública: Covid-19, realizada a través de teléfonos celulares a partir de un método de marcación de dígitos aleatorios. La encuesta abarca un periodo de referencia del 17 al 21 de abril de 2020 y aborda aspectos que van desde la aprobación gubernamental hasta las perspectivas a futuro de la ciudadanía frente a la crisis.

La opinión pública arroja perspectivas poco alentadoras frente a la crisis, dado que alrededor del 80% considera algo o muy probable que los ingresos de su familia se vean disminuidos, casi el 70% cree que es probable que alguien de su familia se quede sin trabajo y alrededor del 50% considera algo o muy probable que no reciba atención médica en caso de requerirla. En el ámbito económico, el 71% considera que la prioridad es apoyar a las pequeñas y medianas empresas para que no se pierdan empleos, y el 65% que el gobierno debe permitir que las empresas y ciudadanos posterguen el pago de impuestos debido a la pandemia. Esto contrasta con el 29% de ciudadanos que piensa que las empresas y ciudadanos deben seguir pagando impuestos para que el gobierno tenga recursos para afrontar la crisis. Ambas perspectivas arrojan lecturas interesantes frente a las consecuencias y la polémica generada por las medidas de austeridad aplicadas por el gobierno federal, alimentadas por el miedo a repetir la estrategia a través de la cual, históricamente, se ha usado el dinero público para solventar rescates y dar apoyos millonarios a unos pocos. Las críticas hacia el oficialismo por su obstinación con la austeridad, dado su rechazo a la contratación de deuda para aplicar medidas contracíclicas –incrementando el gasto público en solo 0,7 puntos del PIB–, contrastan con el 70% de la ciudadanía que considera que el gobierno no debe endeudarse para enfrentar la crisis.

Por otro lado, si bien el 43% considera que las decisiones tomadas por el gobierno federal para afrontar la pandemia se basan en criterios políticos –frente al 49% que sostiene que son criterios científicos–, el 73% califica como positivo el trabajo hecho hasta ahora por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, para frenar la epidemia, y casi un 80% valora las decisiones que ha tomado el gobierno federal para apoyar la economía de las familias afectadas. Estas valoraciones contrastan radicalmente con la encuesta realizada a inversionistas por la misma encuestadora y Credit Suisse, con base en entrevistas realizadas a 51 inversionistas nacionales y 39 extranjeros entre el 21 y el 25 de abril. Los resultados muestran cómo el 99% considera que el gobierno federal no está tomando medidas adecuadas para proteger la economía frente a los efectos de la pandemia, por un lado, y cómo los inversionistas extranjeros tienden a tener una peor valoración sobre la gestión gubernamental, por el otro. Si el 86% de los inversionistas nacionales piensa que México hace menos que otros países de América Latina para minimizar el impacto del Covid-19 en la economía, este porcentaje aumenta al 97% en el caso de los inversores extranjeros. Asimismo, pese a que no hay un consenso tan claro cuando se pregunta por la pertinencia de tolerar una contracción en la actividad económica hasta que la propagación de la infección disminuya de manera significativa –el 47% está de acuerdo y el 26% en desacuerdo–, el 4% por ciento de los inversores nacionales están muy de acuerdo, cifra que aumenta al 13% en el caso de los extranjeros. Finalmente, mientas que el 55% de los inversionistas nacionales está de acuerdo en que abandonar el confinamiento provocará un mayor daño a la economía, esta cifra aumenta a 63% en el caso de los extranjeros.

¿Clientelismo criminal?

Durante la crisis sanitaria, se ha hecho visible un fenómeno que si bien no es nuevo, pareciera haber cobrado mayor notoriedad en el marco de la coyuntura actual. En México existe registro acerca del financiamiento de bienes y servicios por parte de organizaciones criminales, desde las fiestas organizadas por Osiel Cárdenas Guillén, líder del Cártel del Golfo, hasta la repartición de despensas por parte del Cártel de Sinaloa, los Zeta o el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En el marco de la crisis actual, distintas fuentes de información han aportado evidencia acerca del reparto de despensas a la población con las siglas de organizaciones como el CJNG en los estados de Michoacán y Jalisco, del mismo modo que los partidos políticos distribuyen bienes destinados a la política social. En un vídeo publicado por el periódico Milenio, se observa como un hombre se acerca para entregar víveres a población damnificada en Tomatlán, Jalisco. ‘‘Esta ayuda, se les hace saber, viene del patrón –dice el hombre–. Nuestro patrón, el señor Mencho, para que tengan conocimiento de donde viene’’.

Como señala Mónica Serrano, el reparto de las coloquialmente llamadas “narcodespensas” forma parte del menú que tienen las organizaciones criminales para relacionarse con la población en distintos momentos. Además de tratarse de una estrategia aparentemente pensada para construir legitimidad a partir de mecanismos no coercitivos, esta práctica podría ser una apuesta para tener acceso a recursos del Estado, a través de la disputa por la legitimidad social y territorial en determinadas regiones del país. Esto era predecible considerando el papel clave que ocupan estas organizaciones en la administración de los mercados ilegales. Sin embargo, esta estrategia podría tener efectos menos visibles –aunque no menos importantes– en el terreno de lo simbólico, generando una relación tanto de dependencia como de subordinación por parte de la población hacia estos grupos.

«La caridad es sumamente efectiva para construir legitimidad, por lo que todos los años el crimen organizado regala juguetes y organiza verbenas en comunidades pobres del país»

No se trata de un fenómeno exclusivo de México. Como señala Enza Rando, vicepresidenta de la organización antimafia Libera, tanto en el sur como en el norte de Italia se ha observado a organizaciones mafiosas ofreciendo despensas en zonas marginadas, tratando de sustituir al Estado, lo cual podría tener como consecuencia el aumento del poder y credibilidad de estos grupos, así como su capacidad para condicionar el voto en un sentido determinado o reclutar a grupos de la población para que se conviertan en miembros de la organización.

Como señala Eduardo Guerrero para el caso mexicano, la caridad es sumamente efectiva para construir legitimidad, por lo que todos los años el crimen organizado regala juguetes y organiza verbenas en comunidades pobres del país. Crear brazos armados como los que cuentan estos grupos requiere de recursos humanos, por lo que estas acciones podrían ser inversiones estratégicas con este propósito, más que una inversión real en política social con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de zonas marginadas. Asimismo, este tipo de prácticas podrían estar encaminadas a obtener el apoyo de la población con el objetivo de inducir el voto por candidatos respaldados por las organizaciones criminales.

Esta injerencia ha quedado evidenciada tras el crecimiento de la violencia electoral en elecciones recientes: según cifras de la consultora Etellekt, en los comicios de 2018 se registraron alrededor de 627 agresiones a políticos de todos los partidos y niveles de gobierno, dejando un saldo de 145 asesinatos, 206 amenazas, 52 atentados contra familiares y 21 víctimas de secuestro. Este panorama resulta alarmante considerando que en 2021 se llevarán a cabo las elecciones más grandes y complejas en la historia del país, con una concurrencia inédita, un padrón nunca antes visto y 3.500 cargos en disputa –260 más que en 2018–.

Por otro lado, este fenómeno es de gran relevancia dada la estrategia del gobierno actual, cuyos programas sociales tienen como uno de sus objetivos disputar a estas organizaciones el reclutamiento de jóvenes, caladero de la criminalidad. De ahí que llame la atención el silencio ante este fenómeno tanto de parte del gobierno federal como de los gobernadores –sin importar el partido–. Las acciones del Estado, centradas en el largo plazo, podrían ser insuficientes dada la creciente presencia territorial y legitimidad de estos grupos. La complejidad de este fenómeno se suma a las dificultades que tiene el gobierno para lidiar con la situación actual, dado el tamaño de la crisis y sus consecuencias en distintos terrenos, a lo que se suma el debilitamiento del Estado durante las últimas décadas.

Asimismo, la militarización de la seguridad pública iniciada durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) y continuada por los gobiernos que le sucedieron, ha estado centrada principalmente en acciones de corto plazo, como el despliegue de operativos conjuntos o el descabezamiento de organizaciones criminales. Como han demostrado Laura Atuesta o Beatriz Magaloni, más que mitigar la violencia, estas estrategias han contribuido a exacerbarla. La presencia de las fuerzas armadas en distintos puntos de territorio como estrategia de disuasión ha fracasado dado que, como señala Diego Gambetta para el caso italiano, la disuasión solo puede funcionar si proviene de una amenaza creíble.

Conviene recordar las palabras de Ana Laura Magaloni hace una década: para comprender el funcionamiento del orden local es necesario comprender el funcionamiento de los mercados ilegales, que no van a desaparecer por decreto ni mucho menos a través del régimen prohibicionista. El silencio por parte de la administración pública ante este fenómeno, tanto del poder ejecutivo federal como de los gobernadores, podría ser tanto un reflejo de lo rebasados que están ante la situación, como una falta de estrategia de intervención ante fenómeno tan complejo. La fragmentación del aparato estatal y de los grupos criminales podría provocar una multiplicidad de respuestas y una falta de coordinación que imposibilite la disuasión, propiciando la gobernanza criminal ante la incapacidad del Estado para dar seguimiento a una estrategia que contrarreste el control social ejercido por los grupos criminales.

En términos generales, el fenómeno de las narcodespensas alerta sobre un escenario que, aunque pareciera coyuntural, forma parte de distintas estrategias a las que recurren las organizaciones criminales. Muchas veces la población se ve atrapada entre la necesidad de recursos, la intimidación y la imposibilidad de negarse a las peticiones del crimen organizado. Como señala Federico Varese para el caso italiano, la fuerza de la mafia depende del control sobre el territorio; de ahí que estos aparentes favores nunca sean incondicionales. Recordando las palabras de Eduardo Galeano, “la caridad es humillante porque se ejerce verticalmente y desde arriba; la solidaridad es horizontal e implica el respeto mutuo”. La falta de capacidad y actuación por parte de los distintos niveles de gobierno ante esta situación podría acentuar este tipo de prácticas: las organizaciones criminales no harían más que aprovechar el vacío de poder para fortalecer sus bases sociales.