Aunque la estabilidad a corto plazo parece garantizada,  la falta de libertades y los desafíos económicos pueden poner en peligro la supervivencia del régimen actual.

Unos 20 meses después del golpe de Estado en Egipto, el régimen liderado por el rais Abdelfatah al Sisi se ha consolidado. A falta de la constitución del nuevo Parlamento, aun no ha concluido el proceso de transición delineado en la hoja de ruta del verano de 2013, al menos formalmente. Sin embargo, el nuevo orden político parece plenamente asentado. Y no solo por la manifiesta incapacidad de sus oponentes de provocar su caída, sino porque sus orientaciones políticas iniciales se han ido reafirmando. Entre ellas, la supresión de cualquier voz disidente y la conversión de la lucha antiterrorista en la principal lógica legitimadora del nuevo orden.

El ascenso al poder de Al Sisi tras las elecciones presidenciales de mayo del año pasado no ha resultado en ningún viraje notable en las políticas gubernamentales, lo que confirma la idea de que el régimen actual nació realmente el 3 de julio de 2013, con el golpe de Estado que depuso al islamista Mohamed Morsi, primer presidente de Egipto elegido en las urnas. Los diversos servicios de seguridad e inteligencia, con el ejército al frente, continúan dominando la escena política del país árabe. Sus representantes copan los puestos de mayor responsabilidad y suya es la filosofía que guía la acción de gobierno.

El poder ejecutivo está empeñado en imponer un aparente consenso social a través de la fuerza, no de la negociación y el acuerdo entre los diversos actores políticos del país. En este sentido, su actuación es muy parecida a la que caracterizó el régimen del exdictador Hosni Mubarak. Las diferencias entre ambos son más bien de tipo cosmético. Mientras el primero utilizó de forma ininterrumpida…