Vuelta de tuerca perversa en Sudán

El 2 de noviembre de 2014 saltaba la noticia a través de Radio Dabanga (con sede en Países Bajos, que cubre exclusivamente el conflicto de Darfur) de una serie de ataques por parte de las fuerzas armadas sudanesas, consistentes en detenciones arbitrarias, palizas y violaciones en masa de mujeres y niñas en Tabit, ciudad al norte de Darfur (Sudán). El gobierno negaba los crímenes, bloqueaba la ciudad y comenzaba una campaña de intimidación para evitar que la información sobre los abusos se hiciese pública, incluyendo restricciones y prohibiciones a la UNAMID, la operación híbrida de la Unión Africana y la ONU en Darfur, y a otros organismos, así como amenazas a quien hablase del ataque. El informe de Human Rights Watch (HRW) “Mass Rape in Darfur: Sudanese Army Attacks Against Civilians in Tabit” publicado en febrero de 2015 documenta al menos 221 violaciones de mujeres y niñas durante 36 horas por parte de las fuerzas armadas sudanesas. Se basa en más de 130 entrevistas que denunciarían una sistemática transgresión del Derecho Internacional en esta ciudad, en lo que podría considerarse un crimen contra la humanidad de demostrarse un ataque generalizado contra la población civil.

Desde 2003 la región de Darfur vive un conflicto armado entre el gobierno de Omar al Bashir y grupos rebeldes sudaneses, fundamentalmente el Movimiento para la Liberación Popular de Sudán (SPLM, en inglés). Tras un periodo de relativa calma en 2005, cuando las partes llegaron a un acuerdo que condujo a la secesión de Sudán del Sur en 2011, los enfrentamientos se recrudecieron precisamente ese año. Los rebeldes del SPLM-Norte que quedaron dentro de la frontera de Sudán volvieron de nuevo al enfrentamiento con el gobierno de Jartum. Ante las elecciones en Sudán del próximo abril, el gobierno de Al Bashir ha intensificado los ataques. La lucha continúa 12 años después, con más de 250.000 desplazados, fundamentalmente en Sudán del Sur y Etiopía, aldeas enteras destrozadas, torturas, asesinatos y violaciones, entre otros crímenes.

Desde 2004 hay en la región fuerzas de mantenimiento de la paz, incluyendo la misión UNAMID desde 2007, que debe hacer frente a multitud de dificultades para realizar sus tareas debido a las restricciones que impone el gobierno. La ciudad de Tabit, poblada mayormente por personas de etnia Fur, había estado bajo control de los rebeldes durante sucesivos periodos, pero en 2011 las Fuerzas Armadas Sudanesas recuperaron el área.

Según el informe de HRW, las fuerzas gubernamentales de Sudán perpetraron tres ataques contra civiles en Tabit durante un lapso de 36 horas desde el 30 de octubre de 2014 hasta el 1 de noviembre. Durante cada uno de los asaltos, los militares entraban armados y uniformados en la ciudad, acusando a los civiles de mantener vínculos con los rebeldes: registraban sus hogares, golpeaban y echaban de sus casas a los hombres, y violaban a las mujeres y niñas. Para su informe, HRW entrevistó a 15 víctimas de las violaciones y a varios testigos, recogiendo información de primera mano de un total de 221 mujeres y niñas que fueron presuntamente violadas. Según el informe, dos soldados que participaron en los ataques aseguran haber recibido órdenes directas de sus oficiales superiores para violar a mujeres, porque eran afines a los rebeldes. Muchos hombres sufrieron detenciones arbitrarias durante los ataques, fueron golpeados, y víctimas de saqueos. Otros fueron trasladados a las afueras de la ciudad.

Desde los ataques, el gobierno, el ejército y los líderes tradicionales de Sudán han intentado evitar que la información sobre lo sucedido se hiciera pública. Para ello, no han dudado en amenazar o detener arbitrariamente, al tiempo que pusieron en marcha una supuesta investigación sobre lo sucedido, cuyas conclusiones resultan poco creíbles. La UNAMID no ha sido capaz de contrastar las denuncias de la violación en masa, a pesar de sus intentos de acceder a Tabit, que solo pudieron darse durante unas pocas horas el 9 de noviembre. Sin embargo, no hallaron evidencias con respecto a las denuncias, debido, fundamentalmente, a que personal del gobierno estaba presente durante las entrevistas. Sin embargo, informes internos de la UNAMID aseguran que “la gente tenía miedo”. Muchos gobiernos y organizaciones internacionales condenaron lo ocurrido, y solicitaron una investigación y rendición de cuentas. La ONU también emitía un comunicado declarando su preocupación, e instaba a Sudán a que permitiese a la UNAMID investigar, lo que finalmente pudo hacerse pese a las trabas del gobierno.

Para HRW, lo ocurrido en Tabit evidencia la “necesidad urgente de una fuerza profesional e independiente que pueda ayudar a proteger a la población civil en Darfur de los ataques”. En este momento, la UNAMID está en proceso de revisión, ante la necesidad urgente de reforzar sus capacidades para evitar atrocidades como las del 30 de octubre, y para investigar de manera efectiva los abusos de derechos humanos sin poner el peligro a víctimas y testigos. El Consejo de Seguridad debe actuar para mejorar la protección de los civiles, en especial de los sectores más vulnerables como son las mujeres y los niños. Asimismo, es preciso que las autoridades sudanesas afronten sanciones internacionales en caso de bloquear la entrada a las fuerzas de paz e impedir a los investigadores de la ONU hacer su trabajo. En este momento, el Consejo de Seguridad debe estudiar qué medidas toma para la protección de los habitantes de Tabit, cómo apoya a quienes están investigando los crímenes y de qué manera garantiza el correcto funcionamiento de la UNAMID para prevenir y abordar este tipo de abusos.

Según HRW, las víctimas exigen que los autores rindan cuentas ante la justicia. Las violaciones masivas pueden constituir crímenes contra la humanidad. La organización recuerda que en el conflicto entre Sudán y los grupos armados de oposición en Darfur las partes están obligadas al cumplimiento del derecho internacional humanitario.