Las conferencias intergubernamentales hacen que, en buena medida, la integración europea vuelva a sus orígenes de pacto entre Estados. Las posiciones individuales de los Estados miembros son tenidas más en cuenta al reformar los tratados que al legislar desde Bruselas, ya que dichas reformas exigen, por ahora, el apoyo unánime de los Estados miembros. Si se examinase lo ocurrido en la pasada conferencia de Maastricht, no sólo se confirmaría esta tesis sino que se advertiría que hay ciertos Estados miembros que condicionan de manera especial el resultado de cualquier revisión formal de las reglas del juego europeo. La postura británica en Maastricht es quizá el mejor ejemplo de esta capacidad nacional de condicionar la marcha de la integración europea, a pesar de que el Reino Unido no pudo impedir que los demás Estados avanzaran sin su participación en importantes áreas como política social y moneda única.

La conferencia intergubernamental inaugurada en Turín a finales de marzo pretende reformar los tratados una vez más para resolver una acumulación de grandes cuestiones desconocidas en el proceso de integración europea: la ampliación al Este, el déficit democrático, el reforzamiento de la política exterior y de seguridad, la moneda única, retos a los que se intentará hacer frente mediante la reforma institucional, la de ciertas políticas del tratado y tal vez adelantando el debate sobre el futuro de la financiación de la Unión y las transferencias comunitarias.

Parece, por lo tanto, oportuno examinar cuál puede ser la posición del Reino Unido en estas nuevas negociaciones y en qué medida puede volver a condicionar el resultado de la reforma de los tratados. Con frecuencia se afirma que el Reino Unido decidió entrar en la Comunidad Europea (CE) sólo cuando se dio cuenta de que dentro tenía más influencia que fuera para proteger sus intereses nacionales,…