Referéndum en Ecuador: la revolución ciudadana continúa

El 7 de mayo Ecuador celebró una consulta popular a propuesta del presidente del país, Rafael Correa, y el grupo que lidera, Alianza País, para profundizar en las reformas del sistema político ecuatoriano. Según los datos provisionales del Consejo Nacional Electoral ecuatoriano, la victoria ha sido del SÍ en las diez preguntas del referéndum, entre las que destacan las que afectan al sistema judicial y a los medios de comunicación.

Las preguntas número cuatro y cinco, relacionadas con la reforma del sistema judicial, abogan por la sustitución del actual Consejo de la Judicatura, máximo órgano del sistema, por un Consejo de la Judicatura de Transición para que en el plazo de 18 meses ejerza las competencias del Consejo de la Judicatura y reestructure la Función Judicial, enmendando la Constitución. Al cabo de ese periodo, se elegiría un nuevo Consejo de la Judicatura, compuesto por cinco miembros por un período de seis años.

La idea de Correa es “meterle mano a la justicia por el bien del pueblo”. Ecuador sufre elevadas tasas de criminalidad y, según el gobierno, la administración de la justicia no ayuda a atajar esta lacra, sino a potenciarla, ya que el sistema está “caduco y corrupto”. Los opositores a Correa y su programa de revolución ciudadana explican que lo que busca el presidente ecuatoriano es poner el sistema judicial a su merced.

En cuanto a los medios de comunicación, la idea es prohibir que las instituciones del sistema financiero privado, así como las empresas de comunicación privadas, sus directores y principales accionistas sean dueños o tengan participación accionarial fuera del ámbito financiero o comunicativo, respectivamente. A lo que se añade la expedición de una Ley de Comunicación que cree un Consejo de Regulación que regule la difusión de contenidos en la televisión, radio y publicaciones de prensa que contengan mensajes de violencia, explícitamente sexuales o discriminatorios, y que establezca criterios de responsabilidad ulterior de los comunicadores o los medios emisores.

Los críticos de Correa (entre ellos Andrés Oppenheimer, léase este artículo) arremeten de nuevo contra unas pretensiones que, según ellos, acabarían con todas las investigaciones sobre corrupción en Ecuador llevadas a cabo por los medios de comunicación, y destacan el caso de Fabricio Correa, hermano del presidente, que realizó contratos por más de 300 millones de dólares con el gobierno ecuatoriano. El gobierno por su parte acusa a determinados medios de comunicación de oponerse al proceso de “cambio histórico” que vive Ecuador.

Y como ejemplo de ese cambio histórico que propugna Correa y el movimiento que lidera, la pregunta número seis del referéndum: “¿Está usted de acuerdo que la Asamblea Nacional, sin dilaciones, dentro del plazo establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, a partir de la publicación de los resultados del plebiscito, tipifique en el Código Penal, como un delito autónomo, el enriquecimiento privado no justificado?”.

Para más información:

Michael Shifter y Daniel Joyce, “Bolivia, Ecuador y Venezuela, la refundación andina”. Política Exterior núm. 123, mayo-junio 2008.

Aureliano Rodríguez-Larreta, “Suramérica: ante el populismo y la dispersión”. Política Exterior núm. 123, mayo-junio 2008.