Las tropas de Muammar el Gaddafi ganan terreno y se preparan para atacar el bastión de los rebeldes en Bengasi, mientras la comunidad internacional permanece estancada en el debate en torno a una intervención efectiva para frenar el avance hasta ahora imparable del ejército del coronel.
Entre las opciones que se han barajado para la intervención, destaca la imposición de una zona de exclusión aérea, propuesta apoyada por la Liga Árabe, aunque no sin discrepancias en su seno. De sus 22 Estados miembros, dos se han opuesto abiertamente (Argelia y Siria) y otros dos (Sudán y Yemen) han mostrado sus reticencias. Esta medida, en caso de producirse –subraya la Liga Árabe–, deberá contar con el aval del Consejo de Seguridad de la ONU, en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, que trata de la acción en caso de amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión.
Los riesgos de una intervención de tal tipo son numerosos. Robert E. Hunter, exembajador de EE UU ante la OTAN (1993-1998) repasa las analogías históricas que deben estar poblando de malos presagios las mentes de los líderes mundiales, mientras Félix Arteaga, investigador del Real Insituto Elcano, calma los ánimos de los intervencionistas en este análisis.
Primeras analogías: el Afganistán de los años 80 (como germen de Al Qaeda) y el Afganistán actual (y sus problemas para estabilizarse). Segunda: Somalia, 1993, y los 18 soldados muertos de EE UU en las calles de Mogadiscio. Por último, la sombra de la invasión estadounidense de Irak en 2003, que aún planea sobre el convulso mapa de Oriente Próximo.
Las analogías que llaman a la acción también están presentes, no obstante, en el debate en torno a una posible intervención en Libia. Son los casos de Bosnia (1993) y Kosovo (1999). En el primer caso, la intervención de la OTAN contó con el respaldo de la ONU (resolución 816 del Consejo de Seguridad), aunque la zona de exclusión aérea no evitó la masacre de Srebrenica. En el segundo, no, ya que China y Rusia se opusieron, como ahora vuelven a hacer en el caso libio. Miembros permanentes del Consejo de Seguridad y con derecho a veto, su consentimiento explícito o implícito es imprescindible.
Francia y Reino Unido se han mostrado activos partidarios de una intervención militar para frenar a Gaddafi, invocando el principio de Responsabilidad de Proteger, basado en la siguiente premisa: la primera responsabilidad de los Estados es proteger a su propia población de delitos de genocidio, limpieza étnica y crímenes contra la humanidad. No es el caso de Gaddafi: las evidencias de ataques indiscriminados contra los civiles, ejecuciones extrajudiciales y detención y tortura de opositores han provocado la expulsión de Libia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
El consenso no ha ido mucho más allá de esta expulsión y de la adopción por unanimidad, el 26 de febrero, de una resolución (1970) que impone sanciones contra el gobierno libio, entre ellas, el embargo de armas, el congelamiento de activos del líder libio, sus familiares y la cúpula gobernante, así como la prohibición de viajar.
Por el momento, la batalla en los despachos prosigue, mientras la guerra sobre el terreno parece entrar en la recta final.