21-N: Colombia en paro

Estos últimos meses la política latinoamericana ha centrado buena parte de la atención internacional. En octubre, Ecuador vivió una ola de protestas contra las medidas de ajuste de la administración de Lenín Moreno, que fueron duramente reprimidas por las fuerzas policiales y se saldaron con ocho muertos, miles de heridos y detenidos, y más de 100 desaparecidos. Ese mismo mes los ciudadanos de Santiago de Chile se levantaron de manera espontánea contra el alza en la tarifa del sistema público de transporte y, rápidamente, las protestas se extendieron por todo el país. Los manifestantes se quejaban, entre otras cosas, por el alto costo de vida, el deterioro del sistema de salud y la difícil situación de las pensiones. La reacción desmedida de las fuerzas de seguridad chilenas –que dejó 24 muertos, casi 3.000 heridos y más de 6.000 detenidos– agravó un conflicto que todavía hoy sigue abierto.

Un camino más institucional tomaron los argentinos a finales de octubre, cuando se pronunciaron en las urnas contra las políticas neoliberales del gobierno de Mauricio Macri, dando la victoria en primera vuelta al candidato peronista Alberto Fernández. El 20 de octubre también se desarrollaron elecciones presidenciales en Bolivia, en las que Evo Morales se impuso por 10 puntos a su rival Carlos Mesa, por lo que no había necesidad de celebrar una segunda vuelta. Sin embargo, la oposición denunció un supuesto fraude y, tras dos informes de la OEA donde se señalaban irregularidades en el recuento de votos, el 10 de noviembre Morales anunció la repetición de las elecciones y la renovación del Tribunal Supremo Electoral. Ese mismo día, el comandante general de las Fuerzas Armadas sugirió a Morales que se apartara del cargo y este último presentó su renuncia, lo que se puede calificar como un golpe de Estado. El nuevo gobierno de facto de Jeanine Áñez firmó un decreto en el que eximía de responsabilidad a las fuerzas armadas “cuando, en el ejercicio de sus funciones constitucionales, actúen en legítima defensa y estado de necesidad”. La represión de las nuevas autoridades contra los partidarios de Morales ha dejado ya al menos 32 muertos y más de 700 heridos.

Después de las crisis en Ecuador, Chile y Bolivia, Colombia parece ser el siguiente país en sumarse a la ola de protestas masivas contra los gobiernos. El paro nacional celebrado el 21 de noviembre contra la administración de Iván Duque fue convocado por más de 100 organizaciones sociales y sindicales. Según los organizadores, los manifestantes protestaron contra el proyecto de reforma laboral presentado en el Congreso de la República por el partido de gobierno, Centro Democrático, que busca reducir el salario mínimo para los jóvenes y establecer el trabajo por horas; también contra las declaraciones de algunos ministros anunciando las futuras reformas pensional y tributaria, y contra las recomendaciones de la OCDE sobre la necesidad de implantar el salario diferencial por regiones o la reforma del sistema de pensiones. Otras demandas del paro fueron la lucha contra la corrupción, la exigencia al gobierno del cumplimiento de los acuerdos de paz y la defensa del derecho a la protesta social.

Las movilizaciones sociales se están dando en un contexto de alta debilidad del gobierno. Según la última encuesta de Invamer, el 69% de los colombianos rechaza la gestión del presidente, frente al 26% que la aprueba; asimismo, el 70% considera que las cosas en Colombia están yendo a peor. Este estudio se realizó unos días antes de la crisis política que sufrió Duque el 6 de noviembre. Su hasta entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, renunció a su cargo después de que el senador Roy Barreras diera a conocer a la opinión pública que ocho niños entre 12 y 15 años, reclutados de manera forzada por las disidencias de las FARC, fueron asesinados por el ejército durante una operación militar de bombardeo en agosto de este año. Unos días después de la renuncia, el periodista Guillermo Gómez, de Noticias Uno, entrevistó a los habitantes de una zona rural cercana al lugar del bombardeo, quienes aseguraron que no fueron ocho sino entre 16 y 18 los menores de edad que murieron, y que tres de ellos habrían sido fusilados por las fuerzas militares después de haber escapado del ataque. Estos hechos fueron ocultados por el gobierno y cuando se hicieron públicos durante la moción de censura del Congreso a Botero, tanto Duque como algunos representantes de su partido mostraron su respaldo al ministro.

Escasa capacidad de gestión

Si bien Colombia mantiene un crecimiento económico estable, las sucesivas crisis políticas que ha afrontado el ejecutivo –la subida del desempleo y el aumento de la percepción de inseguridad pública– lo han puesto contra las cuerdas. A todo esto hay que añadir la escasa capacidad que está teniendo el presidente, quizá por su inexperiencia política, para gestionar desafíos como la implementación de los acuerdos de paz, el asesinato sistemático de líderes sociales o la crisis diplomática con Venezuela.

Las reacciones del gobierno y de su partido al anuncio del paro nacional tampoco están siendo las más acertadas. En primer lugar, Duque negó que los proyectos de ley que denunciaban los convocantes se fueran a presentar en el Congreso. Más tarde el expresidente Álvaro Uribe, líder del partido en el gobierno, denunció un complot internacional, afirmando que el paro hacía “parte de la estrategia del Foro de Sao Paulo, que intenta desestabilizar a las democracias de América Latina”. Asimismo, el gobierno colombiano está encarando las protestas mediante la militarización del espacio público, una respuesta similar a la que han tenido antes los gobiernos de Ecuador y Chile, y que está poniendo en práctica el gabinete provisional de Bolivia.

Los eventos que vive Colombia en este momento recuerdan tristemente a 1977. Ese año fue crítico para el país, ya que el conflicto armado interno escaló en intensidad. Las confederaciones sindicales convocaron un paro nacional para protestar por las medidas de ajuste de Alfonso López Michelsen (1974-1978), similares a las que ahora están en la agenda de Duque, y el gobierno respondió reprimiendo duramente a los manifestantes, declarando el estado de sitio. La reacción desmedida del presidente avivó la intensidad del conflicto con los grupos insurgentes, que hasta ese momento habían tenido pocos efectivos y escasa capacidad operativa, pero que a partir de ahí se nutrieron de un gran número de líderes sociales que, defraudados por la criminalización de la protesta social, vieron en la lucha armada la única forma de actuar contra el gobierno. Si Duque tiene entre sus propósitos que el país avance en el arduo camino hacia la paz que tanto le ha costado construir a la sociedad colombiana, podría romper con la línea dura de su partido y dirigir su atención a la ciudadanía que salió a las calles el día 21.