El segundo mandato de Danilo Medina

El mismo día que se celebraba el 153 aniversario de la Restauración de la República Dominicana, el 16 de agosto, Danilo Medina juraba ante la Asamblea Nacional para tomar posesión de su segundo mandato como presidente. Se trata del cuarto consecutivo de los cinco periodos de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Medina y su partido ganaron con amplio margen las elecciones del pasado mayo, en las que se eligieron, además, vicepresidente, 32 senadores, 190 diputados y 158 alcaldes. Se trató del culmen del proyecto que se inició con la eliminación de la reelección presidencial inmediata, mantenida como canon constitucional de 2010 a 2015.

Medina, candidato de un bloque de 14 partidos encabezados por el PLD, obtuvo un 62% de los votos válidos emitidos, superando con creces el 50+1 exigido por la Constitución dominicana para ganar en primera vuelta y evitar una segunda votación. Además, al igual que ha ocurrido, contra todo pronóstico, cuando se han llevado a cabo elecciones separadas, Medina gobernará con cómoda mayoría en ambas cámaras legislativas. Su vicepresidenta será Margarita Cedeño, esposa del expresidente dominicano Leonel Fernández.

De 32 senadores, 27 pertenecen al PLD, uno a su aliado Partido Reformista Liberal (PRL), uno al Bloque Institucional Social Demócrata (BIS), aliado en el nivel presidencial, uno al Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), y dos al principal partido de oposición, el Partido Revolucionario Moderno (PRM), nacido de la escisión del histórico Partido Revolucionario Dominicano (PRD). Este último también fue parte de la alianza postulante de la reelección de Medina, a la que aportó un 5,79% de los votos.

En lo que respecta a la Cámara de Diputados, si bien con reducida presencia de la minoría opositora (con tres diputados), 48 del PRM (primero mayoritario de oposición), 12 del PRSC (aliado al PRM en último proceso electoral), el PLD cuenta con 107, a los que podría sumar los 20 de sus aliados: 16 del PRD, tres del PRL y uno del Partido Popular Cristiano. Con ello, el gobierno de Medina podría poner en marcha iniciativas para cuya aprobación se requiere mayoría cualificada.

Con los votos favorables de los diputados perredeístas se alcanzó la mayoría de las dos terceras partes imprescindible para acometer la reforma constitucional de 2015 que permitió la reelección de Medina. Precisamente el mismo 16 de agosto, el presidente del PRD entró al gabinete de ministros como nuevo canciller.

Encauzar la economía, responder a la sociedad

República Dominicana exhibe una indiscutible estabilidad política y un crecimiento económico que, según el Banco Central, ronda el 7% del PIB por tercer año consecutivo, ocho veces superior al crecimiento promedio de América Latina estimado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Esto contrasta, no obstante, con más de una década de déficit presupuestario que, según los economistas, exige llevar a cabo una urgente política de presupuesto equilibrado, de racionalización del gasto público y a una reducción de la deuda pública, tanto externa como interna, consolidada en 36.000 millones de dólares. El Fondo Monetario Internacional estima que en 2016 la deuda dominicana será del 48,5% del PIB, y podría alcanzar el 49,5% en 2017.

Pese a que ha habido avances en materia de infraestructura física para el sistema educativo, gracias al 4% del PIB dispuesto por la Ley General de Educación de 1997 –no se aplicó hasta 2012 después de intensos reclamos ciudadanos–, esa mejora debe aún llegar a tanto los programas educativos como a la formación y calidad del profesorado. En un informe de 2010 sobre República Dominicana, el economista Jacques Attali señalaba como aspectos negativos del país un “bajo desarrollo humano, un deficiente sistema de salud y educación y ausencia de aumentos reales de salarios en los últimos 20 años”. Se trata de un déficit social sistémico que se traduce en baja creación de empleo, carencia de viviendas, servicios básicos de agua, energía eléctrica y transporte, a lo que se añade una creciente delincuencia e inseguridad ciudadana.

Según Latinobarómetro 2016, la inseguridad constituye el principal problema para los dominicanos, al igual que en otros países latinoamericanos como Honduras, Guatemala, El Salvador, México, Colombia. En este sentido, el presidente Medina se comprometió en su discurso de toma de posesión que priorizará la protección y seguridad de la población mediante la implementación de un plan que contará, según sus palabras, con “un más adecuado, moderno y eficiente marco legal, tanto para el funcionamiento de la Policía Nacional como para la tenencia de armas de fuego”.

La tarea no puede ser más retadora. Otras tareas políticas pendientes son la Estrategia Nacional de Desarrollo, el pacto eléctrico y el fiscal. El eléctrico no acaba de ver la luz. El fiscal, en cambio, parece inminente según la agenda del presidente Medina esbozada ante la Asamblea Nacional, que abarca la exclusión de 350.000 personas de la pobreza; la apertura de 30 centros pymes para beneficiar unas 30.000 empresas con servicios de capacitación, asesoría y asistencia técnica; el apoyo a más de 25.000 personas del ecosistema emprendedor, el aumento de la tarjeta del programa Solidaridad (actualmente con más de un millón beneficiarios activos); la expansión de sus visitas denominadas “sorpresa”, el incremento de 70.000 millones de pesos para el acceso al crédito agropecuario, entre otras medidas.

Todo lo anterior requerirá una mayor recaudación fiscal, tanto para cumplir tales aspiraciones como para hacer frente al pago de la deuda pública y detener su espiral alcista, identificada por muchos analistas como la base de sustentación del crecimiento económico del país. No obstante, aumentar la presión fiscal no resultará fácil, pese a que República Dominicana se encuentra entre los países con una fiscalidad más baja en el promedio regional. Según el informe dirigido por Attali, la gestión pública del país se caracteriza por “las ineficiencias, dualidades, pésimos servicios (…), el dispendio, y políticas clientelares”.

Rigor institucional y reforma política

Estos cambios estructurales requerirán el fortalecimiento institucional, así como la creación de marcos legales que desmonten el actual Estado clientelar, asistencial, y coadyuven en la construcción del Estado social, democrático y de Derecho, de ejercicio pleno de ciudadanía, preceptuado por la Constitución dominicana de 2010.

De la reforma política e institucional a que se abocó la región superada la transición a la democracia da buena cuenta República Dominicana. El más reciente compromiso en ese sentido fue la Constitución garantista proclamada en 2010. Entre sus preceptos más novedosos estaban: la instauración de un Tribunal Constitucional llamado a ser, no solo nueva jurisdicción de control constitucional, sino también defensor de los derechos fundamentales, la división de poderes, el sistema de frenos y contrapesos y el principio democrático; la inamovilidad de los jueces y la creación del Consejo del Poder Judicial; el refuerzo del papel fiscalizador de las cámaras legislativas; la autonomía del régimen electoral y la separación de sus atribuciones administrativas y contenciosas mediante la creación del Tribunal Superior Electoral; la incorporación de mecanismos de participación directa como el referéndum y la iniciativa legislativa popular; y la constitucionalización de los partidos políticos.

Sin embargo, la frustración se ha instalado en diversos sectores de la población respecto al desarrollo de la ambiciosa agenda reformista en las instituciones, imprescindible por otro lado para garantizar la calidad de la democracia. En este sentido, está pendiente adaptar el régimen electoral a la Constitución de 2010, dotándole, en primer lugar, de su ley orgánica, y en segundo lugar, mediante una reforma a la actual ley electoral. Si bien el Tribunal Superior Electoral dispone de la suya, es necesario corregir determinadas debilidades, como por ejemplo, deslindar eficazmente las atribuciones duales de miembros y personal de las juntas electorales, subordinados a la Junta Central Electoral en materia administrativa y al TSE en materia contenciosa o de litigios, esta última de capital importancia para el cumplimiento del debido proceso y subsecuente legitimidad de los resultados electorales.

Al igual que sucedía 14 años atrás, hoy sectores políticos, empresariales y de la sociedad civil dominicanos reivindican la necesidad de que el país cuente con una Ley de Partidos adecuada al Estado de Derecho y el principio democrático que debe caracterizar todo proceso electoral. Cuestiones fundamentales para las democracias contemporáneas como equidad en la participación, competitividad, financiación, transparencia, distribución equitativa de medios, regulación de campaña y publicidad, democracia interna, rendición de cuentas, están de nuevo sobre la mesa y recuerdan aquellos Cuadernos de Capel, posteriormente superados por sus trabajos, con acierto titulados De las normas a las buenas prácticas.