Las noticias que llegan desde Ucrania al resto del mundo son, principalmente, las del conflicto armado que ha devastado el este del país. Pero para el electorado ucraniano, que el 26 de octubre acude a las urnas para renovar la Rada Suprema, el conflicto armado no es el único motivo de ansiedad. Tanto la corrupción como el estado de la economía condicionarán el voto de los electores. En ambos frentes, el panorama con el que Ucrania se encuentra es desolador.
Un año después del estallido de las protestas del Euromaidán, la economía ucraniana continúa hundiéndose sin tocar fondo. Si 2013 fue un año de recesión, 2014 se anuncia aún peor, con una contracción del PIB que se estima entre el 6,5% y el 8,3% del PIB. Tanto Crimea (que representa un 3,7% del PIB ucraniano) como la cuenca del Donetsk (16%, y una cuarta parte de las exportaciones ucranianas) han quedado fuera del control de Kiev. Aunque el Fondo Monetario Internacional extendió en marzo un rescate de 19.000 millones de euros, Valeriya Gontaneva, directora del Banco Nacional de Ucrania, calcula que el país necesita otros 15.000. El valor de la hryvnia se ha desplomado a lo largo del año, y la inflación supera el 10%.
Únicamente Antonov, líder mundial en aviones de cargo y lo más parecido que tiene Ucrania a un campeón económico, ha logrado mantener sus ventas a lo largo de 2014. Pero incluso en este caso el enfrentamiento con Rusia conlleva un alto precio: Antonov ha suspendido su colaboración con proyectos militares rusos, limitándose exclusivamente al sector civil.
Si la prolongación del conflicto militar ha aumentado la inestabilidad económica, la corrupción también ha desempeñado un papel importante socavando las finanzas ucranianas. La inversión en infraestructuras, la política energética e incluso la campaña contra los rebeldes se han visto perjudicadas por esta lacra. El país ocupa el puesto 144 de los 177 en el índice de corrupción que elabora Transparency International. Es de sobra conocido que las élites ucranianas –políticas y económicas, prorrusas o proeuropeas– son extremadamente corruptas. Arseni Yatseniuk, primer ministro desde febrero, ha acusado al expresidente Viktor Yanukovich de robar 29.000 millones de euros (más del 20% del PIB nacional) durante sus cuatro años de mandato.
Por desgracia, no parece que la presidencia de Piotr Poroshenko sea capaz de atacar este problema. Poroshenko, dueño de la mayor fábrica de chocolates del país y un canal de noticias, se ha visto obligado a aceptar la dimisón de Tatiana Chornovil, directora del Comité Nacional Anti-Corrupción. Chornovil es una periodista que se dio a conocer por sus investigaciones a políticos y oligarcas corruptos, y denunció en su carta de dimisión la falta de voluntad política de Yatseniuk para hacer frente al problema, criticando que los intentos por combatir la corrupción se han ahogado en una “marisma burocrática”.
Chornovil no es la única líder de las protestas que ha terminado por dimitir. También lo ha hecho recientemente Andriy Parubiy, director del Comité de Defensa y Seguridad Nacional. Aunque se ha negado a discutir los motivos de su dimisión, se especula que Parubiy exigía un mayor esfuerzo militar contra los prorrusos. Lo cierto es que incluso la guerra en el este se ha visto lastrada por la corrupción del gobierno. Como observa Aleksandr Lapko, los ucranianos llamados a filas se ven obligados a elegir entre gastar 2.000 dólares en material de guerra –el ejército solo proporciona AKs-47– o en un soborno que los exima de realizar el servicio militar.
El 14 de octubre el gobierno aprobó un primer paquete de medidas anticorrupción, pero recibió como respuesta una oleada de protestas violentas. La corrupción en Ucrania no es anecdótica, sino sistémica. Un problema tan arraigado no puede desaparecer con una sola ley o una ronda de elecciones, ni tampoco con otra rebelión improvisada. Acabar con la corrupción en Ucrania requerirán un esfuerzo sostenido por parte de políticos y activistas durante años.
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