Cada día las temperaturas aumentan. Aunque la contaminación y el cambio climático son percibidos ampliamente como riesgos reales que precisan de una solución, pervive una férrea resistencia a un cambio de modelo. Los países con industrias vinculadas a los sectores energéticos tradicionales ejercen presión y el inmovilismo se mantiene. En paralelo, los compromisos adoptados en el Acuerdo de París aún están pendientes de cumplimiento.
El cambio climático se encuentra en el centro de la noticia. 2016 fue el año más cálido jamás registrado, tanto en el mar como en la superficie terrestre, y la temperatura media global aumentó 1,1ºC respecto a la era preindustrial, según datos del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas. Diversas instituciones científicas no cesan en su empeño de advertir acerca de los efectos peligrosos que esto tendrá sobre la agricultura, los recursos hídricos, ecosistemas y la propia salud humana si no se toman medidas. Ante esta situación, todo país ha de ser consciente de su responsabilidad como generador de cambio climático.
Gobernanza climática y descarbonización
El Instituto Elcano celebró el 12 de julio un debate público en la Fundación Botín, cuyo tema era “La gobernanza climática en el nuevo contexto internacional”. El Acuerdo de París resonaba como una constante. Y no es para menos.
En el acuerdo logrado en diciembre de 2015 en la capital francesa se incluyó el compromiso de 195 potencias de alcanzar la neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero entre 2050 y 2100 para contener el incremento de la temperatura de la Tierra y limitar el calentamiento global por debajo de los 2ºC. Fue un proceso de difíciles negociaciones ya que pretendía lograr un consenso entre países con intereses muy distintos. El acuerdo finalmente se consiguió mediante un pacto de “responsabilidades comunes pero diferenciadas”. No se contemplaría la imposición de sanciones, pero sí un mecanismo de seguimiento. Pese a que el acuerdo no es jurídicamente vinculante, se consideró un éxito político.
A pesar de que potencias como Estados Unidos o China –muy dependientes de los combustibles fósiles– suponen un obstáculo casi insalvable, parece existir una voluntad global de avance. Es necesario tener en cuenta que el uso continuado de estas fuentes de energía no es compatible con la necesaria reducción de las emisiones. Para la consecución de lo pactado, la literatura científica defiende a ultranza que es necesario dotarse de un modelo energético basado en la descarbonización; esto es, la disminución del uso del carbón como fuente primaria de energía. Aunque la descarbonización del sistema energético mundial es relativamente lenta (0,3% anual), la tendencia ha persistido a lo largo de los dos últimos siglos. Para que sea efectiva, esta ha de ser transversal a todos los ámbitos de la sociedad. El cambio deberá afectar a todas las formas de producción y consumo de energía.
Hasta ahora, a los actores contaminantes se les imponían sanciones que no se cumplían. Actualmente cobra importancia como mecanismo de control el carbon pricing, que se ejerce mediante dos instrumentos: el sistema de comercio de derechos de emisión (ETS) y los impuestos al carbón. El primero limita el nivel total de las emisiones de gases de efecto invernadero. Para ello, se establece un precio de mercado por emisión y permite a las industrias con bajas emisiones vender sus derechos adicionales a emisores más grandes, y los localiza dentro de un “presupuesto”. Por otro lado, el impuesto sobre el carbono es similar al anterior pero no establece un precio por emisión, sino por el carbón en sí. De esta forma, los precios sobre el carbono favorecen la innovación e inversión en tecnologías limpias y estimulan a las empresas más intensivas en emisiones para que mejoren su impacto medioambiental. Sin embargo, la asimetría en la cobertura y precio de los instrumentos de carbon pricing en los diferentes territorios acarrea una pérdida de competitividad para determinados sectores industriales, sobre todo en aquellos países que tienen unas políticas medioambientales más exigentes.
Unos 40 países ya se adhieren a estos mecanismos de fijación de precios del carbono, según datos del Banco Mundial. En total cubren aproximadamente la mitad de las emisiones de estos territorios, que se traduce en 7 gigatoneladas equivalentes de CO2, el 12% de las emisiones mundiales.
La Unión Europea ha liderado las políticas de descarbonización
Voces disonantes se han alzado este último año, como la pretensión del presidente de EEUU, Donald Trump, de salirse del Acuerdo de París. Esto, sin embargo, no ha hecho más que reforzar la postura europea al respecto, así como la de la mayoría de países del G20.
EU foreign ministers: the #ParisAgreement is fit for purpose and cannot be renegotiated. https://t.co/UMjxsOApLi pic.twitter.com/dbwZ82LL3D
— Miguel Arias Cañete (@MAC_europa) 19 de junio de 2017
En la Unión Europea hay una creciente disparidad entre los Estados miembros en su enfoque sobre el futuro del carbón. Según recoge un informe de la agencia Climate Analytics, Alemania y Polonia son responsables del 51% de la capacidad instalada de carbón de la UE y del 54% de las emisiones procedentes del carbón. Otros grandes usuarios del carbón en términos de capacidad de emisión son República Checa, España, Italia y Reino Unido. Es necesario hacer reformas eficaces al respecto, pues se estima que si se mantiene el statu quo, las emisiones de CO2 habrán aumentado un 85% en 2050. El cierre definitivo de las centrales termoeléctricas de carbón es un objetivo fundamental. Sin embargo, prescindir prematuramente de determinadas tecnologías o combustibles, significaría poner en riesgo la eficiencia económica.
En 2005 empezó a funcionar el mercado de carbono europeo (EU ETS), el primero y más extenso del mundo. En 2015 cubría el 45% de las emisiones GEI de la UE y el 11% de mundiales. El precio de cada crédito o tonelada de CO2 ha variado fuertemente desde los 20 dólares en los que se mantuvo en casi toda su su primera fase de implementación, hasta alcanzar los 34 dólares en su pico máximo.
Contra el cambio climático, tecnología
Alcanzar la descarbonización no será fácil, pero gracias al descenso progresivo de los costes de las energías renovables, este proceso se abarata cada día. En 2004, las energías renovables producían solo el 14,4% de la energía eléctrica pero a finales de 2014 sus cuotas alcanzaron el 27,5%. Si bien las energías renovables tienen unos costes fijos elevados, sus costes variables son casi nulos ya que emplean recursos primarios como el viento, sol o agua y como resultado producen una depresión del precio en el mercado de la electricidad.
Se avanza hacia una transformación del sector eléctrico: el cambio será progresivo, con la integración de fuentes de energía de bajas emisiones hasta finalmente pasar de la descarbonización a la electrificación. Europa vuelve a colocarse a la cabeza gracias a la recién conformada Alianza Europea de la Electrificación entre un grupo de organizaciones del sector que reconocen la necesidad de descarbonizar la electricidad.