Libertad, igualdad… y austeridad. La tríada francesa se ha visto alterada por el auge político de Manuel Valls. Tras la debacle del Partido Socialista (PS) en las elecciones municipales en marzo, un malogrado François Hollande se vio obligado a reformar su gobierno y nombrar primer ministro a su titular de Interior. A diferencia del presidente, Valls es bien valorado por la opinión pública, en gran medida por su mano dura –intolerancia, dirían sus críticos– frente la inmigración. La sustitución definitiva de la fraternidad por la austeridad llegó el 16 de abril, cuando el primer ministro anunció un recorte de 50.000 millones de euros en gasto público.
Solo la educación se libra de la tijera –o, llegados al caso, del hacha de doble filo–. El 20% de los recortes (10.000 millones) afectarán a la sanidad pública, en tanto que la congelación del salario de los funcionarios, impuesta por Nicolás Sarkozy en 2010, se mantiene hasta octubre de 2015. Parte de los fondos ahorrados se destinarán a reducir el déficit público, que en 2013 fue de un 4,3% del PIB (dos décimas por encima del límite impuesto por la Comisión Europea). Pero el grueso del volumen (38.000 millones) se empleará para un programa de reducción de cargas laborales para la patronal. “Ocuparse de las empresas es ocuparse de los franceses”, declara Jean-Pierre Bel, presidente del Senado. Sin duda un tópico manido, pero no tanto como el “hemos vivido por encima de nuestras posibilidades” con que Valls se ha justificado. La frase va camino de convertirse en la contraparte económica de lo que la ley de Godwin es a los foros online: un sinónimo de pereza intelectual.
La decisión de Valls no sorprende. Hollande anticipó el viraje a la derecha en enero. Bruselas y Berlín continúan exigiendo que Francia adopte políticas de austeridad, so pena de convertirse en el nuevo «hombre enfermo de Europa», título que en los últimos años han lucido, según el siempre riguroso The Economist, Portugal, Italia, España y la propia Alemania. El nombramiento de Valls, admirador de Tony Blair y perteneciente al ala derecha del PS, supuso un claro aviso a navegantes. A pesar de todo, la permanencia en el gobierno de Arnaud Montebourg, que ha visto su cartera de Industria reforzada, suponía una garantía para el ala izquierda del PS. Se esperaba que Montebourg, con su flamante retórica alter-globalización y su oposición a las directrices de Bruselas, marcase líneas rojas en la política económica del primer ministro.
No ha sido así. Y la decisión de Valls ha abierto una guerra civil en el PS, con un tercio de los diputados socialistas firmando un manifiesto en contra de la medida. Sin el apoyo de los partidos de izquierda –los Verdes abandonaron recientemente al ejecutivo–, el gobierno se verá en apuros para lograr el apoyo parlamentario que requieren sus reformas.
Los recortes causan oposición por dos motivos. En primer lugar, suponen una traición al mandato de Hollande, que ganó las elecciones de 2012 prometiendo resistir a la austeridad dictada desde Bruselas. El parecido con José Luis Rodríguez Zapatero en mayo de 2010 es evidente. En segundo lugar, la evidencia de que estos recortes funcionan es exigua. Que la austeridad lastra el crecimiento es a estas alturas un hecho comprobado, avalado por un reciente estudio del Observatorio Francés de Coyuntura Económica en la prestigiosa Sciences Po. El informe vaticina que los recortes restarán un 0,9% del PIB al crecimiento de la economía en 2014. Y como advierte Joaquín Estefanía, el problema de Francia no es tanto de endeudamiento como de estancamiento: en 2013, el país creció un 0,3%.
Para colmo de males, el cambio de rumbo tiene lugar en un momento delicado. Tras perder más de 100 ciudades en las elecciones municipales, los recortes amenazan con relegar al PS a un tercer puesto en las elecciones europeas, por detrás de la Unión por un Movimiento Popular y del ultraderechista Frente Nacional. La reciente dimisión de Aquilino Morelle, consejero de Hollande, supone un problema añadido para el gobierno. Morelle permaneció a sueldo de un laboratorio danés mientras trabajaba en la Inspección General de Asuntos Sociales (Igas), organismo público encargado de regular a la industria farmacéutica. “El conflicto de intereses parece evidente”, señala Myram Savy, directora de Transparencia Internacional en Francia. El caso es casi tan clamoroso como el de Jérôme Cahuzac, ex titular de Hacienda, que mantenía una cuenta bancaria no declarada en Ginebra. En ambos casos, el diario Mediapart ha tenido un papel destacado destapando los escándalos. No es sorprendente que la popularidad del presidente Hollande continúe desplomándose, batiendo récords históricos de impopularidad.